En la década de 1960, un puñado de territorios devastados por la guerra y carentes de recursos naturales decidió cambiar las reglas del juego global. Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong pasaron de la pobreza extrema a la opulencia en apenas una generación. Se les conoció como los “Cuatro Tigres Asiáticos”.

Hoy me gustaría traerles algo a colación: las cifras demuestran que en esa mismísima época, Panamá registraba un crecimiento económico impresionante que promediaba el 8% anual. Éramos, sobre el papel, el candidato perfecto para ser el primer “Tigre de América”. ¿Qué nos desvió de esa ruta?

La respuesta no está en la falta de dinamismo, sino en el diseño del motor. Mientras los asiáticos entendieron que su mercado interno era diminuto y apostaron con una disciplina feroz a la industrialización orientada a la exportación global, Panamá se inclinó por la sustitución de importaciones y un modelo de servicios concentrado alrededor de la zona metropolitana.

Posteriormente, durante las décadas de dictadura militar, el autoritarismo panameño tomó un rumbo radicalmente opuesto al asiático. Mientras en Singapur el poder estatal se usó para imponer una meritocracia y obligar a las corporaciones a competir en tecnología, en Panamá el Estado se convirtió en un gran empleador de oficinas, priorizando el gasto social básico, la expansión burocrática y una histórica gesta de soberanía canalera que, si bien nos devolvió la vía interoceánica, nos heredó una economía estructuralmente desconectada de la industria y la innovación.

Hoy, habiendo consolidado un ecosistema logístico de clase mundial y con el control pleno del Canal, Panamá se encuentra en una encrucijada similar. El modelo de “simple tránsito y renta geográfica” está dando señales de agotamiento. Para despertar al tigre económico que llevamos dentro, el país enfrenta un nudo gordiano compuesto por tres barreras que se retroalimentan: una política clientelista que usa al Estado como botín electoral; un sector empresarial tradicional que prefiere rentas seguras y mercados protegidos en vez de arriesgar capital en investigación y desarrollo; y un sistema educativo secuestrado por pugnas gremiales que ignora la urgencia de las ciencias y la tecnología. Es, literalmente, un poco de culpa de cada cosa.

El verdadero cuello de botella de este motor dañado se encuentra específicamente en el nivel de bachillerato. Mientras que en los países asiáticos la educación técnica secundaria pública es un trampolín de prestigio y alta exigencia, en Panamá ha sido históricamente estigmatizada y relegada por decisiones políticas que priorizan la paz social inmediata sobre la excelencia académica. Los colegios públicos técnicos e industriales (IPT) sobreviven en el abandono, con talleres obsoletos y presupuestos asfixiados por una burocracia ministerial que prefiere mantener el statu quo antes que auditar, actualizar e invertir con fuerza en los programas de estudio.

Esta parálisis estatal ha creado una peligrosa e injusta brecha socioeconómica. Hoy en día, solo las escuelas privadas de élite logran posicionarse y dotar a sus estudiantes de competencias en robótica, programación, pensamiento crítico y un dominio bilingüe fluido. Al graduarse, son estos jóvenes de sectores privilegiados quienes aprovechan las mejores plazas universitarias o las becas internacionales. En contraste, el estudiante del sistema público queda atrapado en un bachillerato memorístico y desactualizado, ensanchando la brecha de desigualdad en lugar de cerrarla.

La falta de decisión política para transformar los colegios técnicos públicos corta el circuito del desarrollo técnico superior. Instituciones de vanguardia como el ITSE o la UTP se verán obligadas a seguir invirtiendo valiosos meses iniciales en cursos de nivelación básica (en matemáticas, ciencias e inglés) porque el sistema de bachillerato público no prepara a los jóvenes para el rigor tecnológico. El apoyo real e integral a los IPT no llega porque la educación media se maneja bajo el cálculo político de corto plazo y el temor a las huelgas gremiales, bloqueando la creación de un verdadero semillero público de jóvenes listos para incorporarse a la educación técnica superior y, posteriormente, a las multinacionales relacionadas con la operación del Canal.

Para romper esta inercia, la ruta exige pasar de la retórica a la acción mediante cinco reformas estructurales impostergables. En primer lugar, debemos migrar de la logística de paso a la de valor agregado, masificando regímenes como el EMMA para que los semiconductores, dispositivos médicos y tecnología limpia se ensamblen en adyacencias del Canal bajo el sello “Made in Panama”. Segundo, urge una digitalización radical del Estado al estilo de Singapur; una ventanilla única automatizada que elimine la discrecionalidad burocrática y permita abrir empresas en horas. Tercero, se requiere un plan de emergencia en educación STEM, aliando de forma agresiva al ITSE y la UTP con multinacionales para certificar talento local en inteligencia artificial y cadenas de suministro globales. Cuarto, modernizar la regulación financiera para erigir un verdadero hub fintech regional aprovechando la estabilidad del dólar. Y quinto, conectar el futuro sistema ferroviario y los puertos con distritos agroindustriales tecnificados en el interior, rompiendo la histórica brecha de desigualdad territorial.

Panamá tiene la posición, la moneda y la infraestructura que cualquier otra nación de la región envidiaría. Dejar de ser un mero espectador del comercio global para convertirnos en un actor tecnológico de alto valor añadido ya no es una opción de política económica; es el único camino viable para garantizar la movilidad social de las próximas generaciones. El espacio para el “Tigre de las Américas” sigue vacante, y la geografía nos ha dado el derecho a reclamarlo.

El autor es productor agropecuario, miembro de Anagan y de Asoproc.