Para comprender el impacto “patriótico” de las palabras emitidas por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la presencia más visible de tropas estadounidenses en nuestro país, es esencial reconocer que la lucha por la plena soberanía sobre el Canal de Panamá fue el eje central de la identidad panameña durante el siglo XX. El retiro definitivo de las bases y tropas estadounidenses y la transferencia del Canal en 1999 se consideran unos de los logros más importantes en la historia de nuestra nación.
Desde este punto de vista, cualquier retorno de fuerzas militares extranjeras a territorio panameño es percibido, por lo menos para mí, como un retroceso histórico que produce una erosión de los avances logrados mediante los Tratados Torrijos-Carter. La memoria colectiva de la invasión de 1989 sigue siendo un componente crítico del patriotismo panameño. La presencia de soldados extranjeros en suelo nacional evoca, para una parte significativa de la población, el trauma de intervenciones pasadas, lo que genera una resistencia natural basada en la defensa de la autodeterminación.
La verdad es que el contexto internacional no puede ser obviado. La dimensión geopolítica de la República Popular China y su interés en América Latina es un dolor de cabeza para Estados Unidos. En este escenario, la lucha contra los cárteles del narcotráfico es la forma aparente y el choque con China es el fondo.
Para algunos sectores de la sociedad, incluido el gobierno actual, el país debe asegurar su viabilidad económica y su seguridad, incluso si eso requiere alianzas militares, en un país que por Constitución no tiene ejército.
Estados Unidos debe reconocer que ha perdido la batalla contra las drogas y que China merodea en la región. Por eso, el Corolario Trump, cordón umbilical de la Doctrina Monroe, es la solución para asegurar un patio trasero controlado y sometido.
En ese sentido, la lucha contra el narcotráfico puede funcionar también como marco público y políticamente aceptable para fortalecer la presencia estadounidense y limitar la influencia de China, de acuerdo con las visiones de ambos gobiernos. Esto no significa automáticamente que la amenaza criminal sea inventada; significa que la cooperación en materia de seguridad puede tener objetivos simultáneos.
Desde la perspectiva panameña, la pregunta central no es solo contra quién se coopera, sino bajo qué reglas. La cooperación sería más defendible si:
-No implica bases militares permanentes ni control extranjero sobre territorio panameño.
-Las operaciones tienen objetivos, duración y límites claramente establecidos.
-Panamá mantiene el mando y la jurisdicción sobre su territorio.
-Existe autorización constitucional, transparencia y fiscalización ciudadana.
-Se protege la neutralidad del Canal y no se convierte a Panamá en una plataforma de confrontación entre potencias.
-Se muestran resultados concretos contra el crimen, no únicamente ejercicios militares o declaraciones políticas.
Finalmente, no es correcto afirmar que todo se reduce a la lucha contra las drogas y el crimen organizado. La realidad es que hay una combinación estratégica de objetivos: primero, la seguridad del Canal frente a amenazas transnacionales y, segundo, la defensa de los intereses geopolíticos estadounidenses ante el avance de China, que, a mi juicio, es lo central.
Panamá debería evitar dos extremos: aceptar sin condiciones una presencia extranjera en nombre de la seguridad o rechazar toda cooperación internacional, aunque sea útil. La posición más soberana sería cooperar de manera limitada, transparente y reversible, sin permitir que la lucha contra el crimen se convierta en una justificación para perder el control territorial o comprometer la neutralidad del Canal.
El autor es internacionalista y excoordinador de proyectos y programas de seguridad y defensa de la Presidencia de la República.
