Tener hijos o no, decidir cuándo y cuántos tener son algunas de las decisiones más íntimas en la vida de una persona. Para que esas decisiones sean verdaderamente libres, deben existir las condiciones para hacerlas realidad.

Desde esta perspectiva debemos comenzar la conversación sobre el cambio demográfico en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas, cada generación ha tenido en promedio menos hijos que la anterior. No ha sucedido de la misma manera en todos los países ni al mismo ritmo; como tampoco entre ciudades, provincias o pueblos dentro de un mismo país.

En los años cincuenta, las mujeres latinoamericanas y caribeñas tenían, en promedio, entre 5 y 6 hijos e hijas. Varias décadas después, ese número se ha reducido a menos de 2. En solo 70 años, la fecundidad en la región ha descendido un 69%, según datos de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la esperanza de vida aumentó, así como la proporción de personas mayores.

Parte de esta transformación refleja grandes avances del desarrollo. Las personas viven más años, las mujeres tienen mayor autonomía, existen mayores posibilidades de decidir sobre la vida reproductiva y se ha ampliado el acceso a métodos anticonceptivos.

El cambio se da a velocidades distintas

El informe “Análisis de la Situación de la Población Regional. Resiliencia Demográfica en América Latina y el Caribe”, publicado por el UNFPA en América Latina y el Caribe, muestra la diversidad detrás de los promedios regionales: los países de la región se encuentran en cuatro momentos distintos del cambio demográfico.

Por ejemplo, países como Bolivia, Guyana y Honduras todavía tienen poblaciones jóvenes y una fecundidad por encima de 2,1 hijos por mujer, en torno al denominado nivel de reemplazo poblacional, un crecimiento moderado y una ventana del bono demográfico abierta. Mientras que países como Cuba, Curazao, Dominica y Uruguay se encuentran en el otro extremo, con poblaciones envejecidas, una fecundidad baja, envejecimiento avanzado y un crecimiento nulo o negativo.

Entre los dos extremos hay muchos países en distintos puntos de ese recorrido y dentro de cada uno persisten profundas desigualdades: no es lo mismo crecer en una zona rural y sin acceso a servicios de salud, educación y protección social, que en una gran capital con mayores oportunidades, ni disponer de ingresos suficientes que vivir en la pobreza.

Las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes y de bajos ingresos enfrentan un mayor riesgo de embarazos en la adolescencia y de muertes maternas. La discriminación estructural, la exclusión y la falta de acceso a servicios básicos limitan sus oportunidades y su capacidad de ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.

Por eso, las políticas públicas deben partir de las necesidades y derechos de las personas, en lugar de perseguir un número determinado de habitantes o nacimientos. Cada realidad demográfica requiere respuestas diferentes para ampliar oportunidades y bienestar a lo largo del curso de vida.

El primer paso es transformar datos poblacionales en conocimiento que apoye la toma de decisiones públicas. A eso llamamos inteligencia demográfica, y su finalidad es comprender qué está cambiando, dónde y para quién, anticipar necesidades, orientar mejor las políticas y la inversión pública, ampliar derechos y reducir desigualdades.

La autonomía reproductiva frente al alarmismo demográfico

La caída de la fecundidad suele alimentar discursos sobre una “crisis demográfica” y propuestas destinadas a conseguir más nacimientos, pero detrás de una cifra baja pueden coexistir realidades muy diferentes.

Una menor fecundidad puede reflejar mayor autonomía y más posibilidades de decidir si tener hijos o hijas, cuándo tenerlos y cuántos tener. Pero también esconde una distancia entre los deseos de las personas y las condiciones que encuentran para realizarlos. La precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda o la falta de servicios de cuidado pueden hacer que tener un hijo o hija deseado resulte muy difícil. Ahí es donde debe intervenir la política pública.

Intentar elevar la fecundidad mediante incentivos aislados suele ser costoso y tener un impacto limitado. Más preocupantes aún son los discursos que pretenden condicionar la autonomía y las decisiones reproductivas de las mujeres, a las necesidades económicas o demográficas de un país: los cuerpos de las mujeres no pueden convertirse en instrumentos de una política de población.

Cuando los cuidados recaen fundamentalmente sobre las mujeres, muchas reducen su jornada o se quedan fuera del mercado laboral formal. Los permisos parentales remunerados e intransferibles para los hombres ayudan a repartir esa responsabilidad desde el nacimiento y reducen el costo laboral que la maternidad significa para las mujeres. Hacer compatible la crianza con el trabajo y distribuir mejor los cuidados fortalece la economía.

Una política de población basada en derechos crea las condiciones para que las personas puedan elegir de verdad y acompaña esas decisiones con instituciones capaces de adaptarse al cambio demográfico que resulta de estas decisiones y oportunidades.

Si se actúa a tiempo, es menos costoso

Ante esta situación, el informe propone prioridades de política diferenciadas para los países según el momento del cambio demográfico que atraviesan.

En los países con poblaciones más jóvenes todavía existe una importante ventana de oportunidad demográfica. Si las políticas públicas mejoran la educación, garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva y abren más oportunidades de empleo formal para jóvenes y mujeres, ese potencial demográfico puede transformarse en desarrollo. Guatemala, por ejemplo, destina parte de un impuesto a las bebidas alcohólicas a financiar la compra de anticonceptivos que previenen embarazos no intencionales.

En los países que atraviesan una etapa demográfica más avanzada, la prioridad es aprovechar plenamente las oportunidades que todavía ofrece el bono demográfico mientras los sistemas se adaptan progresivamente a una población más longeva. La ampliación de los servicios de cuidado infantil, del empleo formal de calidad y de la participación laboral de las mujeres, junto con la reducción de las brechas persistentes, permite aprovechar esa ventana mientras sigue abierta. Al mismo tiempo, los sistemas de salud y protección social deben responder a las necesidades de una población que vivirá cada vez más años.

En las sociedades ya envejecidas, las prioridades son otras. La oportunidad está en convertir vidas más largas en bienestar, participación, innovación y crecimiento, y sostener el desarrollo mediante una mayor productividad. Allí cobran mayor importancia los sistemas de cuidados de larga duración, la sostenibilidad de las pensiones y unas condiciones que permitan a las personas mayores seguir participando en la sociedad y, si lo desean, en el mercado laboral, junto con la adaptación de la vivienda y los entornos a una sociedad más longeva. Por ejemplo, Uruguay ofrece asistentes en el hogar y centros diurnos para cuidar a las personas mayores con dignidad, independencia y comodidad.

No son recetas contradictorias, sino respuestas distintas para momentos diferentes de un proceso que está transformando toda la región. Y comparten una lógica: anticipar los cambios y tomar decisiones a tiempo, con base en evidencia y derechos. Actuar temprano es más justo, pero también puede ser fiscal y económicamente más eficiente que reaccionar cuando las necesidades ya son urgentes.

Nuestra región seguirá cambiando. El éxito no estará en alcanzar una cifra determinada de nacimientos o de población, sino en que cada generación tenga mayores oportunidades para construir el proyecto de vida que desea. Que las próximas generaciones puedan contar la historia de sus familias, grandes o pequeñas, diversas, con hijos o sin ellos, sabiendo que sus decisiones fueron verdaderamente libres.

La autora es Directora Regional del UNFPA en América Latina y el Caribe. Psicóloga de formación, ha sido jefa de gabinete del segundo gobierno de Michelle Bachelet y Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas.