La designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una de las decisiones más trascendentales que puede tomar un presidente de la República y su Gabinete. En Panamá, esta facultad está claramente contemplada en la Constitución: corresponde al presidente, con la aprobación del Consejo de Gabinete, seleccionar a quienes ocuparán las más altas posiciones del Órgano Judicial. Pero, más allá del procedimiento formal, cada nombramiento refleja de manera nítida el criterio moral y político del mandatario, así como el tipo de democracia que aspira a construir o preservar.
En teoría, esta selección debería estar guiada por principios de idoneidad profesional, independencia, trayectoria ética y compromiso con el Estado de derecho. En la práctica, sin embargo, se ha vuelto común que el proceso se contamine con intereses políticos, lealtades personales o cálculos estratégicos que terminan debilitando la confianza pública en el sistema de justicia. Y es precisamente aquí donde emerge la necesidad de discutir el criterio moral y político con el que se ejerce esta potestad presidencial.
Cuando un presidente nombra a un magistrado, no está simplemente cumpliendo con una obligación legal. Está tomando una decisión que tendrá efectos directos sobre la administración de justicia durante una década o más. Está, de forma indirecta, moldeando la interpretación de la Constitución, influyendo en fallos clave y determinando el rumbo institucional del país. Por eso, el acto de seleccionar a un magistrado debería asumirse con la más alta responsabilidad ética.
El criterio moral y político no se limita a escoger a alguien preparado. También implica preguntarse: ¿es esta persona íntegra? ¿Tiene independencia de criterio? ¿Resistirá presiones políticas o económicas? ¿Representa un compromiso real con los principios democráticos y con los derechos ciudadanos? Si la respuesta a estas preguntas es dudosa, entonces el problema no es del magistrado designado, sino del presidente que lo nombra.
Panamá necesita una justicia confiable, y esa confianza comienza en el momento de la selección. El descrédito de las instituciones judiciales no se construye en las salas de audiencia, sino en las oficinas del poder Ejecutivo cuando se designa a alguien por conveniencia y no por mérito. Es allí donde el criterio del mandatario deja de ser jurídico para volverse moral.
La historia recordará a los presidentes no por sus discursos, sino por las decisiones que tomaron cuando nadie los obligaba a hacer lo correcto. Y entre esas decisiones, la selección de los magistrados de la Corte Suprema siempre ocupará un lugar destacado, porque quien escoge a quienes juzgan revela, al final, cómo concibe la justicia y cuánto la respeta.
El autor es abogado.
