Un país no mejora lo que no mide. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025. Esta prueba estandarizada mide las habilidades de jóvenes de 15 años para utilizar sus conocimientos y competencias en lectura, matemáticas y ciencias a fin de resolver problemas de la vida real. Cerca de 760,000 alumnos fueron evaluados en 91 sistemas educativos. La prueba se realiza cada tres años. Panamá no fue evaluada. En julio de 2024, la entonces ministra Molinar decidió retirarse de la prueba. Así, el Estado panameño renunció a saber dónde estábamos parados.

En 2022 Panamá obtuvo 392 puntos en lectura y 388 en ciencias, sus mejores resultados desde que participa en la evaluación. Subió del puesto 79 al 67 entre 81 sistemas medidos. Fue la primera vez, en más de una década, que el país mejoró en dos áreas, mientras buena parte del mundo retrocedía como resultado del efecto del distanciamiento social en los aprendizajes. Seguíamos lejos del promedio de la OCDE (450 puntos). Pero el dato importaba: algo empezaba a funcionar.

Sin PISA 2025 no podemos confirmar si aquella mejora continuó, se estancó o se revirtió. Perdimos trazabilidad. Ya no comparamos nuestros resultados con la región ni con nuestra propia historia. Cortamos el hilo cuando mostraba señales alentadoras. En “24 Propuestas para el 24” habíamos celebrado la continuidad de Panamá en PISA 2025 y ERCE 2025. Esa continuidad se rompió.

El argumento del costo no tiene ningún tipo de fundamentación. La cuota básica de la prueba rondaba los 217 mil dólares, según la OCDE. Solo el presupuesto de inversión del Meduca para 2026 superó los 1.400 millones. La evaluación costaba una fracción mínima de esa suma. Ningún ahorro justifica quedarse a ciegas. Cada año sin medir es un año en que no sabremos si un niño en Darién o en San Miguelito está aprendiendo lo que debe.

Hay un contraste que incomoda. Al 31 de mayo de 2026, el presupuesto de inversión en educación se había ejecutado en apenas un 6%.

Medir no es un lujo técnico; es la forma de rendir cuentas a quien menos margen de error se puede dar el lujo de tener. Panamá puede volver a la mesa de la evaluación internacional. La pregunta no es si podemos pagarlo, sino cuál es el costo de oportunidad que pagamos por la decisión de no hacerlo.

Se dijo que la prueba no aporta nada nuevo. Es al revés. PISA nos ubica frente al mundo y frente a nuestra propia trayectoria, con una vara comparable en el tiempo. Chile, que también bajó en su última medición, sabe cuánto bajó y desde dónde. Nosotros elegimos no saberlo. Medir no resuelve la crisis, pero es la condición para enfrentarla. Sin diagnóstico no hay política pública seria, solo intuición.

Hay una salida que no parte de cero. La Ley 434 de 13 de mayo de 2024 ordena aplicar evaluaciones estandarizadas nacionales para medir el rendimiento académico. Cumplirla con rigor es una obligación, no una opción. En “24 para el 24” propusimos crear una Agencia de Medición de la Calidad y la Equidad, un ente autónomo que proteja estos datos de la discrecionalidad de un funcionario. La trazabilidad de nuestros resultados es un derecho de los estudiantes, no un trámite prescindible.

Desde 1995, cada diálogo nacional reitera la misma conclusión: sin datos no hay mejora. Sobran los acuerdos; hace falta cumplirlos. Reincorporar a Panamá a PISA y aplicar las evaluaciones nacionales que ordena la ley no exige un pacto nuevo. Exige voluntad. El país ya sabe qué hacer. Lo que falta es decidir hacerlo y empezar ahora.

El resto del mundo mide sus crisis para poder enfrentarlas. Panamá tenía un termómetro que le decía si avanzaba. Decidió descartarlo. Un país que se niega a mirarse deja a sus estudiantes sin brújula. Todavía estamos a tiempo de volver a medir. Empecemos ahora.

La autora forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación.