En medio del debate sobre la automatización y los riesgos de las tecnologías emergentes para nuestros datos personales, conviene reflexionar sobre quién puede consultar la información de la ciudadanía, con qué propósito y bajo qué controles.

En Panamá, la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 establece principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la protección de datos personales. Su reglamentación, mediante el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021, aborda la figura del oficial de protección de datos. Es positivo que la norma preste atención a la idoneidad de quienes ejercen esa función. El reto es llevar esos principios a las consultas que se hacen a diario.

Hace un tiempo, trabajé como oficial de trámites resolutivos en el Tribunal Electoral, una institución que organiza las elecciones y también tiene a su cargo la cedulación y el registro civil. Allí, trabajar con datos personales era parte de mi día a día. Fotografías, nombres y vínculos familiares formaban parte de la información que debíamos manejar con cuidado.

Durante ese período, observé que algunos servidores consultaban información sobre cónyuges y familiares, incluidos menores de edad. En los casos que presencié, no me constaba qué trámite justificaba esas consultas. Esa experiencia me dejó una pregunta: ¿cómo comprueba la institución que cada acceso responde a una necesidad del servicio?

La Ley 81 cobra sentido en decisiones tan cotidianas como abrir un expediente o consultar un registro. En una institución que administra información de identidad y estado civil, cada funcionario debería saber cuándo puede acceder a esos datos y ante quién debe responder por el uso que haga de ellos.

La experiencia internacional ofrece referencias para distribuir esas responsabilidades. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos contempla garantías de independencia para quienes ejercen funciones de protección de datos. En el Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información promueve una formación diferenciada según las tareas de cada trabajador. Ambas prácticas ilustran dos necesidades distintas: la independencia de quien supervisa y la preparación de quien consulta los datos.

Panamá debería establecer requisitos técnicos para los servidores públicos que manejan información personal y llevar un registro institucional de quiénes están autorizados a consultarla. Esa autorización debería ir acompañada de formación continua, evaluaciones periódicas y controles que permitan revisar quién accedió a un registro y con qué propósito. Las instituciones públicas deben aplicar el mismo rigor que esperan del sector privado.

Comparto este testimonio porque rara vez sabemos qué ocurre con nuestros datos después de entregarlos en una ventanilla. La protección empieza con una obligación concreta: que cada institución pueda explicar quién consultó nuestros datos, por qué lo hizo y qué medidas tomó si ese acceso fue indebido.

El autor es egresado de la Escuela de Gobernanza de Internet (PANASIG) de Internet Society Panamá.