En Panamá, el poder tiene una curiosa manera de presentarse ante la sociedad. Nunca pide privilegios. Exige sacrificios. Nunca reconoce sus intereses. Habla del interés nacional. Y cuando llega el momento de repartir los beneficios, siempre encuentra una razón para que unos pocos reciban mucho y la mayoría aprenda a conformarse con poco.

El gobierno del «paso firme» parece haber perfeccionado esta tradición. Ha convertido el rescate macroeconómico en una ceremonia en la que los ciudadanos deben agradecer las decisiones providenciales del Führer civilista, aunque sus beneficios difícilmente lleguen a sus hogares. Se habla de estabilidad, confianza y recuperación, mientras el bienestar prometido a partir de los ingresos del Canal de Panamá continúa esperando su turno.

La teoría económica convencional sostiene que las empresas buscan maximizar sus ganancias, los consumidores su utilidad y los trabajadores un equilibrio entre trabajo y descanso. Sin embargo, el supuesto rescate panameño parece incapaz de satisfacer simultáneamente estas aspiraciones. Las empresas enfrentan incertidumbre, los consumidores pierden capacidad adquisitiva y los trabajadores descubren que descansar comienza a parecer un privilegio reservado a la corte reinante.

Algo extraordinario ocurre cuando una política económica exige sacrificios a productores, consumidores y trabajadores mientras sus administradores proclaman que todo marcha por el camino correcto.

Adam Smith encontraría fascinante esta interpretación del libre mercado. En La riqueza de las naciones explicó cómo el interés individual estimula el intercambio y la producción. Pero en Teoría de los sentimientos morales recordó la importancia de la justicia y la empatía para sostener una sociedad.

Su concepción del mercado libre tampoco consistía en liberar a los poderosos de toda responsabilidad. Advertía sobre los intereses capaces de distorsionar la competencia para obtener privilegios. Esta lección parece haber desaparecido del catecismo económico del «paso firme».

Para nuestra pródiga aristocracia económica, el libre mercado comienza donde termina la obligación de compartir beneficios. El Estado debe retirarse cuando los ciudadanos necesitan protección, pero presentarse puntualmente cuando determinados intereses privados requieren contratos, concesiones, asociaciones público-privadas o garantías. Los riesgos pertenecen a todos. Las ganancias tienen nombre y apellido.

El Elite Quality Index 2026, desarrollado bajo el liderazgo académico de la Universidad de St. Gallen, ofrece una perspectiva incómoda. Panamá ocupa el puesto 47 entre 151 países, con 51.9 puntos. En el componente de poder ocupa el lugar 87 y en el de creación de valor, el 31. Esta diferencia de 56 posiciones invita a examinar la relación entre la estructura del poder y la capacidad de generar valor. No demuestra corrupción, pero obliga a preguntar quién controla las oportunidades y quién captura sus beneficios.

Allí aparece nuestro deep state, o Estado profundo, una red de intereses económicos y políticos que puede sobrevivir a los gobiernos y condicionar sus decisiones. Su mecanismo más sofisticado no consiste necesariamente en apropiarse del dinero público presente, sino en comprometer el futuro mediante concesiones prolongadas, garantías estatales, contratos recurrentes y obligaciones que pagarán generaciones todavía sin representación electoral.

El Canal de Panamá representa la contradicción más dolorosa. Generaciones lucharon por recuperar una riqueza destinada al bienestar colectivo. Pero conquistar la soberanía no significaba sustituir una élite extranjera por una aristocracia nacional dedicada a administrar sus beneficios.

El gobierno del «Cambio» caminó en los zapatos del pueblo para que los locos que perduran terminaran marchando al «paso firme» de la austeridad selectiva. Cambian los gobernantes, pero permanece la tentación de convertir el poder público en una maquinaria de favores privados.

Cuando el Ejecutivo escribe las reglas, los favorecidos obtienen ventajas y el árbitro judicial pierde independencia, el mercado deja de ser libre. Se convierte en una mesa reservada donde la competencia necesita invitación.

Panamá no necesita otro padrino que prometa protección a cambio de obediencia. Necesita instituciones imparciales, competencia verdadera y transparencia sobre las obligaciones que hoy hipotecan los recursos de mañana.

Porque el verdadero peligro no es solamente que una élite se apropie de nuestra prosperidad presente. Es que consiga cobrar, durante décadas, por un futuro que todavía no hemos construido.

El autor es cirujano subespecialista.