En abril de 2026, cuando los peruanos acudan nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, habrá un actor poderoso y silencioso que no figura en las cédulas electorales: la minería ilegal.
Este partido invisible mueve millones de dólares al margen de la ley, controla territorios enteros y ha demostrado tener la capacidad de corromper y eliminar a diestra y siniestra. Sus tentáculos se extienden hasta el Congreso, donde cuenta con aliados dispuestos a perpetuar su impunidad. Ni los operativos policiales ni las intervenciones militares han logrado contener un poder que ya compite abiertamente por el control político del país.
El Perú es, sin duda, un país minero. Su cartera de proyectos de inversión alcanza los US$63 mil millones, repartidos en 68 iniciativas que se despliegan a lo largo del territorio nacional, lo que evidencia el enorme potencial del sector para sostener la economía. En los primeros cinco meses de 2025, la inversión minera ejecutada ya sumaba US$1,845 millones.
Pero mientras la minería formal aporta empleo, divisas y tributos, la minería ilegal avanza sin control, drenando los recursos del Estado.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta actividad ilícita representa alrededor del 2.7% del PIB peruano, una magnitud similar a la de un sector formal de mediano tamaño. La Fiscalía calcula pérdidas superiores a S/22,700 millones cada año (más de US$6,500 millones), y solo entre 2023 y 2025 el Estado habría dejado de percibir S/7,500 millones (más de US$2 mil millones) en impuestos y canon. En efecto, se ha convertido en un poder económico paralelo.
Peor aún, la minería ilegal origina una serie de problemas colaterales gravísimos: trata de personas (con fines sexuales y laborales), explotación de menores, prostitución forzada en campamentos mineros, tala ilegal, contaminación de cuencas y ríos con mercurio, desplazamientos forzados de comunidades indígenas, y un recrudecimiento de la violencia criminal que lamentablemente va en aumento.
El epicentro más violento de esta guerra es Pataz, en la región La Libertad, a 1,455 km al norte de Lima, cuyo gobernador es César Acuña, señalado como el hombre más poderoso del país según la encuesta de poder de octubre de SEMANAeconómica. Allí, en los últimos tres años, la empresa minera Poderosa ha reportado 18 trabajadores asesinados en atentados vinculados a bandas criminales dedicadas a la extracción ilegal de oro. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la cifra total de víctimas mortales en Pataz ya supera las 50.
Este es, entonces, un negocio que, bajo el brillo del oro, esconde un entramado de violencia, corrupción y destrucción ambiental.
¿De dónde proviene su poder? El impacto nocivo de la minería ilegal no sería posible sin respaldo político. En el Congreso, partidos y bancadas de izquierda como Juntos por el Perú, liderado por el exministro Roberto Sánchez, han sido claves para mantener con vida el sistema que protege a los mineros ilegales.
Sánchez fue un férreo defensor de la ampliación del denominado REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) hasta diciembre de este año, pese a que este registro debía haberse cerrado hace tiempo. La ampliación equivale a otorgar una patente de corso a quienes operan fuera de la ley, ya que les permite seguir extrayendo oro sin control, usar explosivos e incluso comercializar insumos prohibidos bajo el pretexto de un proceso de formalización que nunca termina. En la práctica, el REINFO se ha convertido en un escudo de impunidad.
El vínculo entre el poder político y la minería ilegal también es visible en el Parlamento. Según reportes periodísticos, más del 75% de los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre han respaldado iniciativas que favorecen la desregulación minera. Además, al menos 14 dirigentes del sector minero informal están afiliados a partidos con representación parlamentaria como Renovación Popular —liderado por el renunciante alcalde de Lima, Rafael López Aliaga—, Perú Libre, Juntos por el Perú y Podemos Perú.
La minería ilegal está asimismo estrechamente vinculada con autoridades locales y regionales. Al menos 59 alcaldes de distintas regiones figuran inscritos en el REINFO y un alto porcentaje de gobernadores regionales ha sido investigado por corrupción, especialmente en zonas con actividad minera como Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali.
¿Qué nos asegura que la minería ilegal no seguirá infiltrándose en la política peruana en 2026?¿Qué nos garantiza que, con el dinero que mueve y la red de complicidades que ha tejido, no pueda incluso colocar al próximo presidente de la República? Nada.
Porque, pase o no, la minería ilegal ya es un actor político con recursos, influencia y presencia territorial. Su avance busca comprar voluntades, intimidar al Estado y capturar instituciones desde dentro. En las próximas elecciones, su sombra estará en cada región, disputando silenciosamente el control del futuro del Perú.
Lo que empezó como un negocio clandestino podría terminar decidiendo las elecciones. Avisados estamos.
El autor es periodista peruano especializado en política.
