El gobierno de Gustavo Petro entra en sus últimos días y puede evaluarse como una administración que prometió convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”, pero deja un país polarizado, con instituciones tensionadas y una política exterior alejada de sus alianzas históricas.
Su diplomacia del micrófono generó enfrentamientos innecesarios. Perú calificó sus declaraciones sobre su crisis política como una “injerencia inaceptable”, mientras Petro elevó la tensión creando una inexistente controversia fronteriza en la Amazonía. Ecuador retiró a su embajador en Bogotá tras su intervención en el caso del exvicepresidente Jorge Glas. Protagonizó choques con El Salvador, Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile. Su propuesta de exhumar y trasladar restos de combatientes liberales y trabajadores sepultados en Panamá generó críticas, pues aquellos hechos ocurrieron cuando el istmo todavía formaba parte de Colombia.
Frente a Venezuela, su postura decepcionó. Aunque pidió tardíamente la publicación de las actas y no reconoció el resultado electoral de 2024, mantuvo una posición ambigua ante el régimen autoritario de Nicolás Maduro, responsable del empobrecimiento del país y de la diáspora de millones de venezolanos. En abril de 2026 fue el primer mandatario extranjero en realizar una visita oficial a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Las relaciones con Estados Unidos atravesaron acusaciones mutuas, retiro de diplomáticos y llamados públicos, en Nueva York, a militares estadounidenses para desconocer la autoridad de su comandante en jefe. Se sumaron la revocación de su visado y la inclusión, junto con su esposa, uno de sus hijos y un colaborador cercano, en la lista de sanciones de la OFAC. Estos choques pusieron en riesgo una asociación estratégica de décadas.
Petro convirtió el conflicto iniciado tras los ataques de Hamás y agravado por la participación de Hezbollah e Irán en uno de los ejes de su presidencia. Rompió relaciones diplomáticas con Israel, suspendió nuevas compras de armamento israelí y prohibió las exportaciones de carbón. Intervino en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y respaldó las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional contra dirigentes israelíes, solicitadas por el entonces fiscal Karim Khan, destituido posteriormente por conducta sexual indebida.
Petro no condenó inequívocamente a Hamás por los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron israelíes y extranjeros, entre ellos los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño. Sus falsas comparaciones entre Israel y el nazismo fueron criticadas por banalizar el Holocausto y alimentar el antisemitismo.
En el plano interno, Petro persiste en desconocer los resultados electorales adversos del 21 de junio, pese a que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea rechazó sus denuncias de fraude y calificó el proceso como transparente, bien organizado y respaldado por instituciones democráticas sólidas.
También reivindicó símbolos de la “guerra a muerte” de Bolívar y ofreció interpretaciones indulgentes sobre la actuación histórica del M-19, sin condenar con suficiente claridad sus crímenes. Su política de “paz total” otorgó tiempo y espacio territorial a estructuras armadas. Según un informe de seguridad divulgado por Reuters, los grupos ilegales aumentaron un 45 % entre 2022 y 2025. Dialogar para alcanzar la paz es legítimo; hacerlo sin controles ni protección efectiva terminó fortaleciendo a organizaciones vinculadas al narcotráfico, la extorsión y la violencia.
Durante su administración, Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplimientos contractuales con Panam Sports, lo que representó una derrota para el deporte y la imagen internacional de Colombia.
Petro deja algunos indicadores económicos positivos, incluida una reducción de la pobreza monetaria oficial al 28% en 2025. Sin embargo, persisten importantes brechas sociales, dificultades fiscales e incertidumbre para la inversión. Según la medición internacional del Banco Mundial, el 35,5% de la población permanecía por debajo de la línea de pobreza utilizada para países de ingreso mediano alto. Sus discursos internacionales y batallas ideológicas ocuparon demasiado espacio mientras millones de colombianos esperaban soluciones en seguridad, salud, educación, empleo y costo de vida.
El final de este gobierno debe servir para recuperar la prudencia diplomática, el respeto institucional y la obligación fundamental de todo presidente: gobernar para todos los colombianos y no únicamente para su proyecto político.
El autor es graduado en Educación e Historia Universidad Hebrea de Jerusalem 670.
