A comienzos del siglo XX, el pensador francés Georges Sorel propuso una idea desconcertantemente simple: las revoluciones no nacen de los datos, sino de los mitos. Para Sorel, el mito no era una falsedad, sino una narrativa moral, una creencia colectiva lo suficientemente poderosa como para mover a hombres y mujeres a actuar juntos.
Un siglo después, el fantasma de Sorel vaga por lugares inesperados: no en los sindicatos, sino en las redes sociales. El mito social se ha vuelto digital; la huelga ha sido reemplazada por el tuit, el panfleto por la publicación viral. Lo que antes requería semanas de impresión clandestina hoy puede organizarse en minutos mediante un hashtag. Ya no importa la veracidad del mensaje: importa que la gente crea en él, lo comparta y actúe en consecuencia.
La controversia sobre la mina de cobre en Panamá resume esa tensión. El país se encuentra en una encrucijada entre la oportunidad extractiva y la fragilidad institucional. Si la mina se percibe como un proyecto de élites empresariales, seguirá bajo ataque; pero si logra convertirse en un pacto social —un proyecto cuyos términos y beneficios sean visibles y revisables— podrá transformar el conflicto en participación.
El desafío para Panamá no es solo económico o ecológico, sino epistemológico. En una época de conectividad radical, los hechos pierden autoridad frente a las narrativas. Tampoco conviene caer en el paralogismo de quienes confunden desarrollo con simple reapertura: volver a operar la mina sin reconstruir las condiciones de legitimidad y transparencia que se perdieron sería repetir, paso a paso, el camino hacia otro estallido social. Las instituciones encargadas de regular, negociar y explicar la mina se encuentran, de pronto, corriendo detrás de una nueva forma de política: una política guiada por la emoción a la velocidad de la luz.
Aquí es donde la intuición de Sorel se vuelve dolorosamente actual. Lo que hoy une a las personas es un sentimiento compartido de injusticia. Que ese sentimiento se base en medias verdades es casi irrelevante; lo importante es que sea sincero. La esfera pública digital, sin filtros y multidireccional, transforma la sinceridad en legitimidad. La multitud no espera estudios de impacto ambiental ni cuadros de regalías: exige claridad moral. Y ahí está la nueva frontera de la democracia: cómo construir instituciones inclusivas en un entorno donde el mito se mueve más rápido que la política.
Previo a cualquier intento de reapertura, el gobierno debe establecer reglas claras y verificables en materia ambiental, legal y fiscal. Los esquemas de regalías, impuestos y fórmulas de distribución de ingresos deben publicarse con antelación, ser progresivos y estar blindados contra caprichos políticos. Cada contrato, pago y volumen de producción debe ser público desde el primer día. Panamá podría —y debería— unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) o, al menos, imitar su espíritu: mostrar a dónde va el dinero que genera la mina. Cuando la luz de la transparencia irradia sobre los ingresos, la corrupción retrocede.
Toda sociedad se sostiene sobre mitos: no solo los de la rebelión, sino también los del orden. Creemos en las leyes porque creemos que alguien puede hacerlas cumplir. Esa fe pública —en que los contratos se respetan, en que los funcionarios son fiscalizados, en que la justicia es ciega— es lo que separa la civilización del cinismo. Cuando esa creencia se erosiona, las normas se vuelven decorativas y la corrupción se disfraza de rutina administrativa.
La lección de Sorel es que el mito no se derrota con argumentos, sino con otro mito: uno de dignidad cívica, justicia y destino compartido. La tarea de los líderes panameños es tejer instituciones que encarnen esa creencia. La consulta es costosa, sí: retrasa acuerdos, multiplica trámites y desespera a los inversores. Pero en la era de la movilización digital hay un error más grave: creer que la legitimidad puede construirse en silencio.
El autor es abogado.
