El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) cumple un rol clave en la formación de jóvenes con conocimientos y habilidades alineadas a las necesidades del sector productivo.
No se trata solamente de capacitar, sino también de preparar profesionales para que, de manera inmediata, estén listos para integrarse al mercado laboral. La misión e ideal del ITSE es que la formación de sus profesionales técnicos les otorgue un 80% de posibilidades de inserción laboral apenas concluyen sus estudios.
Se trata de una rápida incorporación al mercado laboral luego de obtener un título técnico de nivel superior con enfoque práctico. Como ejemplo, tenemos la nueva carrera de técnico en mantenimiento de aeronaves, una movida estratégica para formar profesionales alineados con las necesidades del sector productivo.
Hoy emergen empleos relacionados con la automatización, la innovación tecnológica, la transformación digital, la inteligencia artificial y el desarrollo de software, en un momento en que solamente uno de cada tres graduados en universidades tradicionales logra encontrar empleo.
Pero entonces el Gobierno da muestra de una total confusión en sus prioridades. El ITSE solicitó $78 millones para 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $21 millones, y la Asamblea Nacional plantea alrededor de $27 millones, el monto mínimo que la entidad requiere para operar durante un año.
Una reducción de esta magnitud afectaría directamente 20 carreras y alrededor de 10 mil estudiantes. ¿Las razones del recorte? Porque se apuesta al clientelismo, esa función electorera que promueve el derroche de recursos. Como ejemplo, la Asamblea Nacional, que según uno de sus más serios diputados, Roberto Zúñiga, podría operar con $30 millones, recibirá $98 millones. Es decir, la misma cifra que le otorgó el Ejecutivo en 2025.
No se le bajó un solo centavo, ni siquiera frente a las impactantes acusaciones de despilfarro recogidas en las pesquisas del contralor de la República. Todo esto ocurre mientras su reglamento interno sigue intacto, los diputados se benefician con 20 vehículos exonerados por un valor de $208 mil en un año y se mantienen las planillas y gastos innecesarios —pero millonarios— de las oficinas de participación ciudadana en el interior del país, de las cuales no sale una sola solicitud o requerimiento.
Definitivamente seguimos sin entender estas desconexiones abismales en materia presupuestaria.
Y si la razón del recorte al ITSE tiene que ver con las limitaciones de recursos surgidas por los compromisos financieros ineludibles, como el pago de la deuda pública, entonces urge crear iniciativas legislativas que, de una vez por todas, eliminen la normativa que obliga a estructurar presupuestos con gastos abultados que debilitan al Estado en su crecimiento y desarrollo, en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.
Se sigue repitiendo ahora el mismo discurso del ministro de Economía y Finanzas anterior: que no puede hacerse nada debido a la existencia de leyes especiales, aumentos automáticos o planillas excesivas.
Pero no es la queja continua la que resuelve el problema, sino la solución del problema la que elimina la queja.
Continuamos notando la misma falta de voluntad, valentía y decisión para hacer los cambios.
El autor es abogado.
