Panamá atraviesa un momento en que la indignación ya no basta. La corrupción institucionalizada, el uso patrimonial del Estado por la Asamblea Nacional y el desprecio por la ética pública se han convertido en moneda corriente. Y en el corazón de esta distorsión se encuentra, sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional.
Lo que ocurre allí no es solo negligencia ni desorden administrativo. Es una estrategia consciente. Un guion repetido. Un ejercicio de gatopardismo: aparentar que todo cambia para que todo siga igual.
La contratación reciente de más de 50 suplentes de diputados en cargos administrativos —con salarios de hasta $5,000 mensuales, sin funciones claras, sin registro de asistencia, sin rendición de cuentas— constituye un abuso frontal de los recursos públicos. Lo más grave: estas contrataciones violan un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe expresamente el pago permanente a suplentes legislativos. Pero en la Asamblea todo se acomoda. La legalidad es flexible cuando se trata de proteger intereses propios.
A esta práctica se suma la aprobación de la Ley 353, que permite a funcionarios de planilla permanente ingresar a la carrera legislativa sin concurso. Es decir: quien haya sido nombrado políticamente puede convertirse en funcionario vitalicio, blindado de cualquier evaluación de mérito. Se institucionaliza el clientelismo. Se premia la lealtad política. Se castiga la excelencia.
Y si esto no bastara, conocemos ahora casos de doble salario: funcionarios que aparecen simultáneamente en la planilla de la Asamblea y de otras instituciones del Estado, como la Caja del Seguro Social. Una práctica que es, además de inmoral, ilegal.
Mientras tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional declara que “el que no trabaja, no cobra” y promete auditorías internas. Pero hasta hoy, no ha presentado un solo resultado concreto. Nadie ha sido sancionado. Ninguna planilla ha sido desmantelada. Ninguna estructura de impunidad ha sido desmontada.
Lo repito: esto no es negligencia. Es un diseño. Una estructura de poder que ha aprendido a sobrevivir cambiando la forma, pero nunca el fondo. Es el mismo viejo truco del Gatopardo, ahora vestido con discursos de transparencia y modernización.
La Asamblea Nacional se ha desconectado del país real. No representa a los ciudadanos, sino a sus propios intereses. Funciona como una empresa de colocación de aliados políticos, sostenida por el dinero de todos los panameños. En lugar de legislar para fortalecer el Estado, lo vacía desde adentro.
Este país no podrá avanzar mientras la Asamblea siga siendo una trinchera de privilegios y no un órgano al servicio de la democracia. No habrá justicia social, ni desarrollo sostenible, ni institucionalidad sólida, mientras el poder legislativo siga capturado por lógicas corruptas, clientelistas y profundamente cínicas.
No podemos seguir normalizando este cinismo. Es hora de exigir un verdadero punto de quiebre. Panamá necesita una Asamblea que rinda cuentas, que respete la ley, que entienda que el poder no es un botín. Una Asamblea que, por una vez, deje de fingir cambios y empiece a cambiar de verdad.
El autor es empresario y exdirector de La Prensa
