En recientes entregas hemos analizado nuestra encrucijada nacional: la emergencia fiscal, el limbo minero y la urgencia hídrica. Hoy debemos unir ese rompecabezas, pues el debate sobre nuestros recursos estratégicos llegó a un punto de no retorno. La planificación del Estado no puede seguir secuestrada por la urgencia fiscal ni gestionarse mediante visiones monotemáticas.
La verdadera competitividad exige comprender que nuestras crisis ambientales y territoriales no respetan fronteras. Lo que ocurre con el limbo minero en el occidente y la desprotección ambiental en el este (Bayano), impacta directamente el corazón económico de la nación: el sistema de lagos del Canal.
El pecado original, la sed de los pueblos y la urgencia geopolítica: El proyecto de Río Indio es impostergable para garantizar nuestra ruta interoceánica y mitigar el déficit de agua potable que afecta a casi dos millones de panameños. Sin embargo, la actual crisis hídrica es, en gran medida, la factura de un grave error político.
Durante el gobierno de Martín Torrijos, se redujeron los límites de la cuenca canalera excluyendo a Río Indio, para evitar que protestas campesinas enturbiaran el referéndum de la ampliación.
Aunque la ampliación era vital, en esa decisión faltó visión de Estado. Ese cálculo nos costó casi dos décadas de parálisis, agravadas por gobiernos sucesivos que ni siquiera mantuvieron este tema en la agenda prioritaria. El daño trascendió el tránsito marítimo: las comunidades en las provincias que aportarían tierras al embalse se quedaron esperando la prometida interconexión de agua, mientras el crecimiento urbano de la capital succionaba las reservas existentes.
La realidad climática nos alcanzó. El impacto de El Niño ya obligó al Canal a implementar una segunda restricción de calado de los buques Neopanamax, advirtiendo que vendrán más. En una coyuntura internacional crítica, con el estrecho de Ormuz inestable y el comercio global bajo presión, enviar estas señales de vulnerabilidad es un desacierto estratégico alarmante. Resulta incomprensible que hoy, grupos organizados anti-embalse con agendas ocultas intenten nuevamente dilatar la obra.
El Este: Bayano y el contrapeso financiado por el carbono: Aunque Río Indio es vital, el respiro operativo que le otorgue al Canal será velozmente aniquilado si no frenamos la presión del consumo humano sobre Gatún y Alhajuela. Río Indio le dará vida a Gatún, pero necesitamos quitarle la carga pesada al sistema central.
Para lograrlo, el Estado debe ejecutar una estrategia de doble frente: mientras Río Indio aporta al negocio interoceánico, debe construirse simultáneamente la megapotabilizadora de Bayano para el consumo de Panamá Este, San Miguelito y la vertiente del Pacífico. No obstante, este salvavidas enfrenta su propia amenaza: la deforestación. Una potabilizadora sin un bosque sano a su alrededor es inútil; sin la capacidad de los árboles para retener agua, el proyecto fracasará.
Esta crisis ambiental tiene una salida económica brillante. El financiamiento blando para la recuperación forestal y la ruta de los mercados de carbono pueden producir créditos gigantescos
que pagarían con creces la reforestación del área. Proteger la cuenca del Bayano es, en la práctica, proteger al lago Gatún, con el valor añadido de que el bosque se paga a sí mismo.
El Oeste: Institucionalidad y la conexión hídrica: En el otro extremo del país, la minería a cielo abierto impuso un candado ambiental infranqueable a la expansión hídrica hacia el río Coclé del Norte. Además, la docena de concesiones mineras suspendidas en la Cordillera Central amenaza directamente las cabeceras de nuestros ríos en zonas de altísima biodiversidad.
Mi postura no es un simple rechazo a la mina, sino la exigencia ciudadana de institucionalidad, seguridad jurídica y desarrollo sostenible. A menudo se omite un detalle crucial al argumentar que la mina está geográficamente “lejos” de Río Indio y Gatún: el mundo de los acuíferos y cuencas está profundamente interconectado, no solo de manera subterránea, sino con los océanos que bañan nuestras costas.
Resolver el limbo minero no debe hacerse bajo la asfixia financiera, utilizando auditorías que minimizan pasivos ambientales reales —como fallas en tinas de relaves— para justificar decisiones apresuradas. Forzar este frente de forma opaca y en simultáneo con Río Indio es jugar con fuego: disparará un estallido social que paralizará al país entero.
La ruta soberana y el mensaje a la inversión: Toda esta estabilidad es imperativa hoy más que nunca. Panamá impulsará pronto megaobras en el sector logístico: puertos especializados en ambas salidas del Canal, un gasoducto transístmico y la modernización de los puertos de Balboa y Cristóbal. A días de presentar estos pliegos, debemos dar a los inversionistas extranjeros una señal inequívoca: la garantía absoluta de que imperará la seguridad jurídica y jamás faltará el agua para nuestra plataforma logística.
Jerarquizar nuestras inversiones exige asegurar primero los insumos hídricos antes de pensar en obras secundarias. La salida definitiva requiere derogar el anacrónico Código Minero de 1963, fundar una Autoridad Autónoma de Recursos Soberanos y blindar por ley las cuencas de la Cordillera Central. Solo elevando este plan maestro a una política de Estado, protegeremos nuestro mayor activo: nuestra posición geográfica y nuestra vida.
El autor es industrial.
