Hay un consenso creciente entre el sector privado, los organismos multilaterales y las autoridades sobre la urgencia de concretar el embalse de Río Indio. Sin embargo, sigue quedando fuera de la mesa la pregunta más crucial para nuestro futuro: ¿qué pasará con la capital el día después de que este proyecto entre en operación?

Hacia el occidente, el limbo minero impuso un candado ambiental infranqueable. Río Indio es nuestra última carta en esa frontera. Se estima que le otorgará al Canal un respiro operativo de apenas 20 a 40 años (con unos 11 a 14 tránsitos adicionales). No obstante, las potabilizadoras metropolitanas succionan hoy del sistema central unos 200 millones de galones diarios. Considerando que un esclusaje promedio requiere 52 millones de galones, la demanda urbana ya le arrebata al negocio marítimo casi cuatro tránsitos diarios.

Si pretendemos que Río Indio sea el único salvavidas, incurriremos en un error histórico. El crecimiento demográfico se beberá aceleradamente esos años de vida útil, arrastrándonos a un déficit severo. La estrategia nacional exige actuar en dos frentes simultáneos: avanzar con Río Indio para la logística y desarrollar la megapotabilizadora en el este para la metrópolis.

La ciencia institucional tiene la respuesta. Análisis rigurosos de la ACP (como el Estudio 148) documentan la viabilidad de establecer una toma de agua directa y segura en el propio espejo del lago Bayano. Sin embargo, el debate burocrático suele inclinarse hacia la «Alternativa 12», que plantea captar el recurso «aguas abajo» de la represa, usando el agua que ya pasó por las turbinas. Esto es un espejismo técnico diseñado para evadir un conflicto político: evitar renegociar la concesión hidroeléctrica con AES Panamá.

Conformarse con las sobras hídricas en la desembocadura es inaceptable. Captar en la cuenca baja del río Chepo subordina el abastecimiento de agua de la ciudad a los horarios eléctricos; si las turbinas se detienen de noche, la cuña salina avanza con las mareas hacia las bombas. A esto se suma un factor geológico letal que la memoria estatal olvida: en los años setenta, el Gobierno impulsó en esa zona el proyecto azucarero Ingenio Felipillo. Aquella megaobra colapsó porque las llanuras de Chepo y Pacora tienen un nivel freático alto y salobre que arruinó la caña. Construir una potabilizadora en esa franja expondría la inversión a la contaminación subterránea y exigiría una costosa desalinización.

El artículo 258 de la Constitución es claro: el consumo humano es la prioridad. El Ejecutivo debe asegurar la captación directa en el lago, garantizando agua dulce. Retomar el control de nuestra reserva no vulnera la seguridad jurídica; recientemente, el Estado adquirió el 100% de Petroterminal de Panamá por conveniencia estratégica. Siguiendo ese precedente, el Gobierno puede negociar la compra o la reestructuración de la concesión de AES.

Para que esta toma directa sea sostenible, debemos encarar el pasivo ambiental ignorado desde 1976. Se requiere un plan integral para frenar la sedimentación y la deforestación en la cuenca del Bayano. Frente a quienes desestiman esta obra por considerarla «muy costosa», la lógica es simple: pretender ahorrar bajo la excusa fiscal es condenarnos al apagón logístico y dejar sin agua a la metrópoli.

Financiar la infraestructura, negociar la concesión y reforestar no requiere un endeudamiento asfixiante, sino financiamiento verde soberano y el acceso a los mercados de carbono. Es momento de articular una visión de Estado; solo así Río Indio salvará al Canal, mientras Bayano apaga la sed de los panameños.

El autor es industrial.