En el contexto del ciclo presupuestario, la importancia de la fiscalización es innegable. Sin embargo, es preocupante observar cómo, en muchas ocasiones, los diputados tienden a priorizar la solicitud de proyectos para sus circuitos electorales sobre el escrutinio riguroso del uso de los recursos públicos. Este fenómeno plantea interrogantes sobre si se está respetando el marco legal y si existe un cruce entre la actividad legislativa y conductas que pueden ser consideradas como faltas administrativas o conflicto de intereses.
1. Marco legal y funciones de los diputados
De acuerdo con la Constitución y las leyes de la mayoría de los países latinoamericanos, los diputados tienen varias funciones fundamentales. Entre ellas, se destaca la aprobación del presupuesto nacional, la fiscalización del uso de esos recursos y la representación de sus electores. El Artículo 313 de la Ley General de Presupuestos indica que la función de la fiscalización corresponde a la Asamblea, lo que implica un deber de control sobre cómo se ejecutan los fondos públicos.
La ley puede ser legal pero no moral, recordemos y verifiquemos que muchas leyes son aprobadas complaciendo el interés de pocos y no de la mayoría, podemos mencionar algunas de ellas: el contrato minero, la ley de descentralización, las partidas discrecionales, la ley de jubilación de la Policía, el Parlamento Centroamericano, entre muchas otras.
2. El uso del tiempo en las vistas presupuestarias
Cuando se presenta la vista presupuestaria vemos cómo los diputados utilizan gran parte de su tiempo para preguntar y solicitar proyectos para su circuito electoral, olvidando que ellos son diputados de la nación, y olvidando también el papel fiscalizador de los fondos públicos del que lo reviste la ley. Esta situación crea un derroche de recursos y tiempo que podría ser utilizado para una evaluación más crítica de las cuentas públicas.
La agenda legislativa se ve, por lo tanto, sobrecargada de propuestas que tienen un enfoque localista y a menudo carecen de un análisis profundo de su viabilidad económica o su alineación con las prioridades nacionales, desvirtuando el propósito de las vistas presupuestarias.
3. Impacto en la transparencia y la rendición de cuentas
La falta de fiscalización efectiva afecta la transparencia y la confianza pública. Los diputados que anteponen los intereses de sus circuitos electorales al análisis crítico del presupuesto facilitan el mal uso de los fondos públicos y la corrupción. Según Transparencia Internacional (2022), los países en los que los legisladores mezclan la fiscalización con el lobbying local presentan mayores índices de corrupción. “La falta de separación entre intereses personales y deberes públicos es una de las brechas más grandes en las democracias modernas”, destaca el informe.
4. Faltas administrativas y delitos
Desde el punto de vista legal, actuar de esta manera podría ser calificado como un uso indebido del cargo, porque aprovecha su posición de poder en su beneficio, ya que puede estar detrás de una reelección. Para nadie es un secreto que algunos honorables diputados, piden proyectos para su circuito para poder aprobar un traslado de partida o una adición a la partida.
“La solicitud de beneficios o recursos en virtud de la posición de poder para influir en decisiones administrativas puede ser clasificada como un delito de corrupción”. Por lo tanto, es crucial que los diputados sean conscientes de la línea que separa sus funciones de representación y su deber fiduciario hacia la fiscalización. Estas normas deberían alcanzar a los honorables diputados con mayor razón.
5. Propuestas de mejora
Para abordar esta problemática, es fundamental que se implementen cambios en la estructura parlamentaria, empezando en la forma como se escogen los diputados. Ya este sistema de escogencia por circuito se ha demostrado que no funciona, hay muchos fueros y privilegios y ha quedado obsoleto, ya es hora de que los diputados sean nacionales y se reduzca la cantidad para que puedan ejercer el verdadero rol para lo cual ha sido creado el parlamento. Es muy importante crear mecanismos que promuevan no sólo la formalidad en las vistas presupuestarias, sino también la educación de los diputados sobre la importancia de la fiscalización.
La autora es abogada