He asistido a numerosas reuniones en las que participan representantes del sector pesquero comercial y, en más de una ocasión, los he escuchado cuestionar la aplicación del criterio precautorio. Lo interesante es que rara vez cuestionan su existencia. Lo que suelen cuestionar es cómo se aplica.
La normativa pesquera panameña incorpora el criterio precautorio como una herramienta para la conservación, la ordenación y el aprovechamiento de los recursos acuáticos vivos, basada en la mejor información científica disponible. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha desarrollado ampliamente este concepto a través del denominado enfoque precautorio para la pesca responsable.
En esencia, la idea es sencilla. Cuando existe incertidumbre científica sobre el estado de un recurso o sobre las consecuencias potenciales de una actividad, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para posponer medidas razonables de gestión.
A primera vista, parece difícil estar en desacuerdo. Después de todo, actuar con prudencia frente a la incertidumbre es una práctica común en muchos ámbitos de la vida. Sin embargo, cuando el criterio precautorio se traslada al terreno de la gestión pesquera suelen surgir tensiones.
Con frecuencia, la discusión no gira en torno a si debe existir el criterio precautorio, sino a las condiciones bajo las cuales se aplica. Algunos actores perciben que determinadas medidas se adoptan sin objetivos claramente definidos, sin indicadores que permitan evaluar sus resultados o sin mecanismos explícitos para revisar su pertinencia conforme mejora la información disponible.
Esa preocupación merece atención.
Una medida adoptada bajo el criterio precautorio debería ser capaz de responder, al menos, cuatro preguntas fundamentales:
¿Cuál es el riesgo que se busca evitar?
¿Qué nivel de evidencia sustenta esa preocupación?
¿Cómo se evaluará la efectividad de la medida?
¿Qué información se necesita generar para revisar o ajustar la decisión en el futuro?
Cuando estas preguntas no tienen respuestas claras, la confianza en las medidas de manejo tiende a deteriorarse, independientemente de que sus objetivos sean legítimos.
Lo interesante es que la propia FAO reconoce que tanto la acción como la inacción tienen costos. En uno de los documentos de referencia sobre el tema, el experto pesquero S. M. Garcia señala que una respuesta excesivamente conservadora puede generar impactos económicos y sociales innecesarios, mientras que una respuesta insuficiente puede conducir al deterioro o al colapso de los recursos pesqueros. El objetivo del criterio precautorio no es eliminar el riesgo, sino gestionarlo de manera explícita cuando existe incertidumbre.
Por ello, el verdadero desafío no consiste en escoger entre conservación o producción, ni entre ciencia o precaución. El desafío consiste en administrar riesgos bajo condiciones imperfectas de información, procurando minimizar tanto los daños ecológicos como las consecuencias sociales y económicas de una mala decisión.
En ese contexto, las responsabilidades son compartidas.
Las autoridades deben garantizar que las medidas precautorias estén sustentadas en la mejor información disponible, sean transparentes en sus objetivos y cuenten con mecanismos de seguimiento y evaluación.
El sector pesquero debe reconocer que la incertidumbre forma parte inherente de la gestión de recursos naturales y que exigir certeza absoluta antes de adoptar cualquier medida equivale, en muchos casos, a posponer decisiones necesarias.
Las organizaciones ambientales, por su parte, deben evitar que la precaución se convierta en una posición permanente que reduzca los incentivos para mejorar la información disponible o explorar alternativas de manejo igualmente efectivas.
También existe una responsabilidad colectiva que suele pasar desapercibida: invertir en conocimiento.
Mientras mayor sea la incertidumbre, mayor será la necesidad de recurrir al criterio precautorio. Por el contrario, cuando un país fortalece la investigación pesquera, mejora sus sistemas de monitoreo y genera información confiable e independiente, las decisiones pueden sustentarse en diagnósticos más precisos y menos dependientes de supuestos conservadores.
Paradójicamente, quienes más cuestionan la aplicación del criterio precautorio deberían ser también los más interesados en fortalecer la investigación pesquera. Cuanto mejor sea la información científica disponible, menor será la necesidad de recurrir a la precaución como criterio dominante para la toma de decisiones.
Por ello, la verdadera pregunta no es si el criterio precautorio debe existir, ni si debe aplicarse.
La pregunta es otra: ¿estamos utilizando el criterio precautorio para gestionar la incertidumbre o estamos haciendo lo suficiente para reducirla?
MarViva ha promovido históricamente una gestión basada en evidencia, el fortalecimiento institucional y la buena gobernanza. Desde esa perspectiva, el criterio precautorio no debería sustituir la ciencia, sino comprarle tiempo. Su función es proteger los recursos mientras reducimos la incertidumbre, no administrar indefinidamente esa incertidumbre.
La verdadera prueba de una buena aplicación del criterio precautorio no es cuántas restricciones produce, sino si contribuye a generar el conocimiento, la confianza y las capacidades necesarias para tomar mejores decisiones en el futuro. Si diez o veinte años después seguimos enfrentando las mismas preguntas porque nunca invertimos en investigación, monitoreo y evaluación, entonces el problema ya no será el criterio precautorio. El problema será haberlo convertido en un sustituto permanente del conocimiento.
El autor es coordinador editorial y asesor científico regional de Fundación MarViva.
