El pasado 13 de agosto marcó la clausura del Ejercicio Multinacional Panamax 2026. Las palabras del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante el acto de cierre, trazaron una línea política fundamental que no debe pasar desapercibida en el debate público: la participación de Panamá en estos ejercicios se enmarca, estrictamente, en una visión de Estado. Su objetivo primordial es proteger nuestra soberanía, preservar la neutralidad permanente del Canal y fortalecer la cooperación internacional, pero siempre bajo el liderazgo y la conducción panameños.

En el complejo tablero de la geopolítica actual, caracterizado por una intensa dinámica de power politics, resulta indispensable para el país anticipar y gestionar rigurosamente sus narrativas internacionales. Es un imperativo diplomático contrarrestar cualquier lectura externa que intente proyectar este ejercicio defensivo como una supuesta “militarización” de la vía interoceánica o, lo que sería aún más lesivo, como un alineamiento automático con los intereses de terceros Estados.

Si bien la presencia e influencia de los Estados Unidos de América —nuestro principal socio estratégico— mantiene un peso preponderante en el hemisferio, la postura oficial de Panamá debe ser categórica ante el mundo: nuestra doctrina se cimienta en la defensa preventiva, la seguridad marítima y, de manera indeclinable, en la neutralidad activa.

“Si la neutralidad del Canal llegara a percibirse como instrumentalizada, el costo político-estratégico sería incalculable, comprometiendo nuestra credibilidad internacional”.

La participación cooperativa de Panamá en los ingentes esfuerzos regionales contra el narcotráfico y en esquemas de seguridad hemisférica —tales como el “Escudo de las Américas” y la “Coalición Contra-Carteles” (A3C)— representa un desafío estratégico en sí mismo. Si la neutralidad del Canal llegara a percibirse por la comunidad internacional como debilitada o instrumentalizada en favor de otros objetivos ajenos a su propósito fundamental, el costo para nuestra nación sería muy considerable. Comprometeríamos nuestro margen de maniobra diplomática y, sobre todo, la confianza histórica depositada en Panamá como administrador de un tránsito seguro, abierto e ininterrumpido.

En este contexto de reafirmación nacional, cobra especial urgencia consolidar en nuestro discurso el concepto del “Canal panameño ampliado”. No debemos olvidar —ni dejar que el mundo olvide— que el tercer juego de esclusas no fue una concesión extranjera, sino una monumental obra construida por Panamá, que ya forma parte de nuestra identidad e imaginario nacional. Fue impulsada con recursos propios y como producto de una valiente decisión estratégica de Estado. Esta ampliación no solo revolucionó nuestra capacidad operativa y nuestra competitividad logística; también reafirmó, de manera ineludible, nuestra soberanía sobre la totalidad de nuestra histórica “ruta de tránsito”. Al operar bajo el mismo régimen inalterable de neutralidad, la ampliación nos exige hoy promover y defender ese principio con una consistencia institucional férrea.

“Una responsabilidad estratégica: la narrativa institucional panameña vincula la ampliación del Canal no solo con la eficiencia y el tonelaje, sino con la soberanía, la neutralidad activa y la confianza internacional depositada en nuestras manos”.

El mensaje oficial del ministro Orillac, emanado de la clausura de Panamax 2026, debe proyectarse, por tanto, como una afirmación contundente de nuestra madurez como república. La seguridad de nuestro mayor recurso no responde a coyunturas pasajeras ni a alineamientos automáticos. Se trata de una responsabilidad estratégica permanente que Panamá asume frente a la estabilidad regional y el comercio global. Hoy reafirmamos que el Canal sigue siendo un faro de neutralidad, protegido por panameños civiles y uniformados, sirviendo ininterrumpidamente al mundo como “patrimonio común” global.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.