En agosto, Panamá vivió lo que se siente cuando El Niño aprieta: baldes a las cuatro de la mañana, ríos crecidos en Bocas del Toro, el Canal recortando tránsitos. Eso es El Niño. Va y viene, como lo ha hecho durante miles de años. Lo que no va y viene es otra cosa: la temperatura de fondo en la cuenca del Canal ha subido un grado desde la década de 1970, según registros del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Y, en un registro aparte de 142 años de lluvia y tormentas en esa misma cuenca, los últimos 25 años muestran la tendencia más clara hacia sequías y tormentas severas. Un ciclo va y viene. Una tendencia no.

Esa tendencia ya tiene números nacionales: para mediados de siglo habrá más calor en todo el país. La lluvia total disminuirá en casi toda la geografía, pero el Arco Seco y el Pacífico enfrentarán una aparente paradoja: menos agua en general y, al mismo tiempo, aguaceros más torrenciales cuando llueva. El país puede secarse por un lado e inundarse por otro. Eso es lo que hay que planificar: reservorios donde falta agua, drenajes donde sobra y cultivos capaces de soportar ambos extremos. Para 2050, el Ministerio de Ambiente calcula que el aumento del nivel del mar podría costarle a Panamá poco más del 2% de su territorio.

Hay un lugar donde eso ya dejó de ser una proyección. Entre 2012 y 2024, el propio Ministerio de Ambiente contabilizó más de 15,400 desplazamientos internos causados por eventos climáticos extremos, agravados por esa misma tendencia de fondo: personas que tuvieron que desplazarse después del evento, no antes. Gardí Sugdub representa la otra cara de esa moneda, la reubicación planificada: una decisión del Estado tomada antes del desastre para evitarlo.

En junio de 2024, unas 300 familias de esa isla, en Guna Yala, se trasladaron a tierra firme porque el mar ya no les daba espacio; el nivel del mar en la costa caribeña panameña aumenta cerca de 3.5 milímetros al año y la isla se inundaba durante las mareas altas. Fue presentada como uno de los primeros casos de reubicación planificada de una comunidad latinoamericana frente a los efectos del cambio climático. Ya se han identificado otras comunidades costeras expuestas a riesgos similares, y posteriormente apareció otra candidata para una eventual reubicación: la isla de Ukupa.

Panamá no está sola en esto, al menos sobre el papel. Es miembro fundador del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac), creado en 1988, organismo regional que trabaja en la reducción y gestión del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendai, el acuerdo internacional de la ONU vigente desde 2015.

Ese mismo organismo trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones en iniciativas relacionadas con la movilidad humana y la reubicación de comunidades frente a los riesgos de desastres y el cambio climático. Panamá también ha participado en la definición de prioridades regionales. Y, aun así, el caso de Gardí Sugdub fue abordado fundamentalmente como un proyecto nacional específico, en lugar de convertirse desde entonces en el punto de partida de un mecanismo permanente para atender casos similares.

En 2023, Panamá lanzó, además, el proceso para construir su propio Plan Nacional de Adaptación, financiado con cerca de $3 millones del Fondo Verde para el Clima mediante un proyecto de tres años cuyo periodo de ejecución alcanza 2026. Mudar una sola isla, Gardí Sugdub, implicó una inversión de aproximadamente $12.2 millones: cuatro veces el monto destinado al proyecto para desarrollar el plan que debería ayudar a ordenar la respuesta de todo el país.

Sin embargo, todavía durante el proceso de elaboración se continuaban definiendo y coordinando responsabilidades entre los distintos grupos sectoriales. El plan, en otras palabras, continúa construyéndose mientras avanza el periodo previsto para su financiamiento. Y algunos de sus componentes sectoriales tienen horizontes que se extienden hacia los próximos años antes de traducirse plenamente en medidas ejecutadas.

Mi lectura es simple: Panamá financia parte de su adaptación por la vía climática —con proyectos y recursos que tienen periodos determinados— y gestiona la reducción del riesgo de desastres también mediante mecanismos nacionales y regionales de carácter permanente. El desafío consiste en lograr que esas vías se articulen de manera efectiva.

Mientras eso no ocurra, cada isla, cada cuenca y cada cosecha correrán el riesgo de esperar su turno en una fila de proyectos aislados, en vez de formar parte de una política sostenida. Eso empieza por algo tan básico como establecer recursos permanentes en el presupuesto nacional para adaptación, en lugar de depender exclusivamente de proyectos con fecha de vencimiento.

Panamá tiene, además, una condición singular. Sus bosques absorben una cantidad de carbono comparable o superior a sus emisiones nacionales, condición que le ha permitido presentarse internacionalmente como un país carbono negativo. Su contribución al calentamiento global es pequeña frente a la de los grandes emisores. Aun así, la factura de adaptarse —mudar comunidades, rediseñar cuencas, proteger infraestructura y hacer más resilientes las cosechas— debe pagarla igualmente y, hasta ahora, buena parte de esa respuesta avanza proyecto por proyecto.

El Niño pasará. Cuando pase, el mar en Guna Yala seguirá subiendo, tenga Panamá listo un plan para enfrentarlo o no. Ya hay otra isla con nombre: Ukupa.

El autor es empresario.