Imagine un negocio que en todo un año vende 225 dólares y gasta $1,282 en mantenerse abierto. Nadie lo sostendría. Ese negocio existe, es del Estado y se llama Egesa. Solo hay que multiplicar por mil.

Egesa es la Empresa de Generación Eléctrica, S.A., creada en 2006. Sus ingresos por energía vienen de la planta solar Sarigua, en Herrera: 2.4 megavatios, un parque pequeño.

Los números de 2024 son públicos. Vendió energía por $225,035.94 y gastó $1,126,286.25 en funcionamiento más $156,182.09 en inversión: más de $1.28 millones. Por cada dólar que entró, salieron $5.70.

¿En qué se va ese dinero? Sobre todo en sueldos. La planilla costó $809,803.04, es decir, 3.6 veces todo lo que la empresa ingresó vendiendo electricidad. El año cerró con una pérdida de $1.1 millones.

Y no fue un mal año. Fue lo normal. Las memorias de la empresa registran pérdidas una tras otra: $3.4 millones en 2017, $2.7 en 2018, $2.2 en 2019 y otro tanto en 2020, cerca de $2 millones en la Memoria 2023 y $1.1 millones en 2024. Para taparlas, el Estado le inyectó más de $4 millones entre 2017 y 2018.

Aquí deja de ser una curiosidad contable y pasa a ser un problema de todos. Panamá cerró el primer semestre de 2026 con un déficit fiscal de $1,881 millones. ¿Cómo se logró bajarlo? Recortando. Entre enero y mayo, la inversión pública fue $174 millones menor que el año anterior: una caída de 11%. Eso son calles, escuelas y hospitales que no se hicieron.

Al ciudadano se le pide entender que hay que ajustar. Está bien. Pero el ajuste debería empezar por lo que no se sostiene, no por lo que el país necesita.

Cuidado con la conclusión fácil: esto no es un ataque contra Sarigua. Es un activo público, genera energía limpia y debe conservarse. La pregunta es otra. ¿Por qué hace falta una empresa entera, gerencia, finanzas, asesoría legal, compras, auditoría, recursos humanos, para administrar una planta de 2.4 megavatios? Es como pagar una junta directiva completa para manejar un solo carro.

La planta puede seguir funcionando sin esa estructura encima: puede pasar a una entidad pública mayor, operarse por contrato o entregarse mediante un proceso transparente. La energía no se pierde. Lo que se acaba es el sobrecosto.

Queda el argumento de siempre: el proyecto hidroeléctrico de Bocas del Toro, antes Chan II. Es una obra de 223 megavatios y unos $950 millones, proyectada hacia 2031, pero todavía sin decisión sobre cómo se ejecutaría. Un proyecto sin modelo definido no puede justificar ocho años de pérdidas. Si vale la pena, que se evalúe en serio. Si no aguanta esa evaluación, deja de ser una razón.

¿Qué hacer? Una auditoría independiente de los activos, deudas y compromisos de Egesa; congelar contrataciones y gastos no esenciales mientras avanza; separar lo que sirve, que es Sarigua, de la estructura que lo encarece; evaluar Bocas del Toro por separado; y publicar el resultado.

Alguien dirá que estos son datos de 2024 y que la memoria de 2025 aún no se publica. Es cierto. Pero una empresa que perdió dinero ocho años seguidos difícilmente se enderezó en uno.

Cerrar o transformar Egesa no es una postura ideológica contra el Estado empresario. Es aritmética. Cuando un país discute qué recortar, lo primero de la lista debería ser aquello que gasta $5.70 por cada dólar que produce. La carga de la prueba no es del ciudadano que paga. Es de quien administra.

El autor es especialista en el sector eléctrico.