Desde el Palacio de las Garzas se abre una oportunidad histórica para impulsar transformaciones profundas que fortalezcan el crecimiento económico de Panamá. Muchas de estas transformaciones pueden ser adoptadas por los ministros con el Presidente y por el Consejo de Gabinete sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional.
Igualmente, con la nueva mayoría legislativa, el país tiene el espacio político necesario para avanzar en reformas estructurales que generen empleo, atraigan inversión y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) lidera un ambicioso programa de inversiones que puede convertirse en un motor clave para la economía nacional. Este impulso puede ser complementado con una estrategia de modernización que actualice el modelo económico, haciéndolo más dinámico, inclusivo y competitivo.
Uno de los desafíos más urgentes es revertir la caída en el empleo formal. Mientras que en 2014 el 60% de los panameños contaba con empleo formal, hoy esa cifra ha descendido al 52%. Para cambiar esta tendencia, es necesario facilitar la creación de empresas, especialmente en sectores estratégicos como logística, agricultura, turísticos y servicios. Esto implica revisar y simplificar los procesos regulatorios, garantizando estándares técnicos y sanitarios sin imponer barreras innecesarias.
La evidencia empírica del mundo nos enseña que la prosperidad surge cuando se permite a los individuos actuar libremente en el mercado, sin trabas innecesarias. En Panamá, sin embargo, persisten barreras absurdas que impiden el ejercicio de profesiones y oficios, especialmente en sectores en que tenemos ventajas competitivas como la logística y los servicios en general. ¿Por qué un joven panameño debe enfrentar años de trámites para abrir una clínica, mientras que en otros países basta con cumplir requisitos técnicos y sanitarios básicos, por ejemplo?
La desregulación no significa ausencia de normas, sino eliminación de aquellas que no aportan valor, que encarecen la actividad económica y que protegen intereses gremiales en detrimento del consumidor. En el sector logístico, por ejemplo, la apertura a nuevos operadores y tecnologías podría convertir a Panamá en un verdadero hub regional, más allá del Canal. Pero la maraña de restricciones, dirigidas a proteger a grupúsculos, es una barrera insalvable.
El comercio también necesita oxígeno. La apertura comercial, acompañada de una simplificación arancelaria y eliminación de licencias restrictivas, permitiría a los panameños acceder a bienes más baratos y a los empresarios competir en igualdad de condiciones. Hoy, muchos capitales prefieren destinos como República Dominicana o Costa Rica, donde las reglas son más claras y menos restrictivas.
El crecimiento del sector público, como sustituto de la inversión privada, no es sostenible. Cada año que se posterga la reforma, se agranda el déficit de oportunidades. Y lo más grave: se perpetúa la dependencia de subsidios y empleos estatales como única vía de progreso.
Panamá tiene todo para ser una economía vibrante: ubicación estratégica, talento humano, infraestructura. Lo que falta es voluntad política para desmontar el modelo estatista y corporativista que nos ha llevado a esta parálisis. La desregulación, la apertura y la simplificación no son ideología: son sentido común.
El autor es director de la Fundación Libertad.
