Uno de los desafíos más significativos que debe tener la clase política de Panamá es la igualdad de derechos que todos los ciudadanos tenemos y que se debe cumplir de forma equiparada. La justicia se basa en este principio y los políticos son los primeros en violar ese tema, al acuñarse privilegios, como la exoneración del pago de impuestos, no ser juzgados sin una “prueba idónea”, invento del exdiputado Hernán Delgado para evadir la justicia. No podemos tener un sistema con privilegios, contrario a lo que se necesita para tener un sistema justo. Por eso, debe ser el reto más importante y cualquier ciudadano de este país debe tener las mismas prerrogativas que cualquier otro, incluyendo una investigación judicial y, a la hora de pagar alguna condena, sin importar su posición, si debe ir a una celda, que pague todas, y más si está involucrado en narcotráfico o en blanqueo de capitales, tal como lo dice el Código Penal.

La clase política se construyó privilegios para ellos mismos y, además, no pueden justificarlo. Tienen que ser el ejemplo a seguir y lo destruyen con estos lujos que ellos pueden pagar como lo hacemos cualquier ciudadano.

Cualquier cargo político de poder no puede estar exento de pagar los impuestos, ya que son fondos que se utilizan para cubrir necesidades del país y, por eso, deben ser los primeros en pagarlos y no quitárselos. Proponen pagar millones en publicidad para “limpiar su imagen”, cuando no deben pagar nada, con solo actualizar los reglamentos internos y aprobar leyes anticorrupción, como la de extinción de dominio, que la rechazan por temor a quedarse sin nada de lo que quedaron. Hay varios multimillonarios de la Asamblea, siendo asalariados, y no pueden ser juzgados por la justicia común.

Un ministro se molestó porque le preguntaron por qué no llegó en un vehículo y no en helicóptero. Ciertamente, para entender lo que vive esa población, tenía que trasladarse en carro y tampoco debió molestarse, porque su responsabilidad son las vías. Aparte de que tiene una gran cantidad de contratos directos que ponen en duda la transparencia de esta cartera.

Además, los gobiernos son los administradores del Estado y no son los dueños, como algunos hacen con nuestros recursos para beneficios de algún grupo económico. Los alquileres millonarios son negocios que nunca terminan.

Con respecto a las próximas elecciones de 2029, la imparcialidad del TE no parece estar muy clara, como se caracterizó en los años 90 y parece estar inclinándose a ciertos partidos, como ocurrió en 2024. Su oportunidad de recuperar esa imparcialidad sería en estas elecciones y no prestarse a ciertas irregularidades que se dieron en algunos circuitos electorales. Tenemos muchos partidos nuevos en formación y esperemos que sea de buena forma.

Con respecto a lo último que sucedió entre Lombana y Martinelli, lamentamos que una figura que inició como independiente y estuvo involucrada entre los favoritos haya caído en el juego de un señor condenado por lavado de dinero y que es un fugitivo que no ha pagado ni la multa que debe. Nos parece un error haberse reunido con alguien a quien solo le interesan sus objetivos y quien le puede servir a sus propósitos. El hecho de no haber hecho ningún pacto deja muchas dudas sobre sus intenciones, después de haberlo criticado en muchas ocasiones y ahora quedar en entredicho con sus ideales. Fui parte de este colectivo a mucha honra, pero ahora no puedo seguir con estos pasos y les deseo lo mejor.

No estoy buscando ser parte de ningún partido porque no me interesa estar amarrado a un partido.

Si el país recupera su dignidad y elegimos a diputados que se esmeren por hacer leyes anticorrupción, estaremos satisfechos.

Necesitamos recuperar dignidad y transparencia en la política y más voluntad para cambiar lo que los partidos tradicionales han mantenido por décadas.

El autor es especialista en salud pública.