Panamá cuenta con una Constitución, leyes, instituciones públicas y una amplia adhesión a tratados internacionales de derechos humanos. Sobre el papel, nuestro ordenamiento jurídico reconoce libertades fundamentales, garantías procesales y derechos sociales destinados a proteger la dignidad humana. Sin embargo, basta observar la realidad cotidiana para formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es suficiente reconocer derechos cuando miles de ciudadanos encuentran obstáculos para ejercerlos efectivamente?
La evolución histórica del constitucionalismo permite comprender mejor este dilema. Como explica el jurista argentino Martín Esteban Paolantonio, el constitucionalismo liberal surgió con la finalidad de limitar el poder del Estado y proteger las libertades individuales frente a la arbitrariedad gubernamental. Posteriormente, el constitucionalismo social amplió esa visión al sostener que la libertad carece de sentido cuando una persona no tiene acceso a condiciones mínimas de existencia digna.
Esta evolución no es una simple discusión académica del pasado. Es una realidad que interpela diariamente al Estado panameño.
Durante décadas hemos defendido con razón la importancia de las libertades públicas, el debido proceso, la propiedad privada y la seguridad jurídica. No obstante, la experiencia demuestra que los problemas más graves que afectan a amplios sectores de la población no siempre provienen de actuaciones arbitrarias del Estado. En muchas ocasiones nacen precisamente de su ausencia, de su lentitud o de su incapacidad para resolver problemas estructurales.
La reflexión de Carlos Santiago Nino resulta particularmente pertinente para nuestro contexto. El autor sostiene que los derechos fundamentales no solo pueden ser vulnerados por acciones estatales, sino también por omisiones. Dicho de otra manera, el Estado puede afectar derechos cuando actúa de forma abusiva, pero también cuando deja de actuar frente a situaciones que reclaman una respuesta institucional.
Esta realidad puede apreciarse en numerosos ámbitos de la vida nacional. La desigualdad territorial entre regiones, las dificultades de acceso a servicios públicos esenciales, los desafíos de la educación pública, las brechas en la atención sanitaria y los problemas que enfrentan muchos ciudadanos para acceder a una justicia pronta y efectiva constituyen desafíos que trascienden el debate político coyuntural y se convierten en asuntos genuinamente constitucionales.
Desde esta perspectiva, el constitucionalismo moderno exige que dejemos de entender la Constitución únicamente como un conjunto de límites al poder. La Constitución también debe verse como una herramienta para orientar la acción estatal hacia la protección efectiva de la dignidad humana.
En este punto considero que Panamá necesita avanzar hacia una cultura constitucional más práctica y menos declarativa. Con frecuencia producimos reformas, leyes, programas y discursos que prometen protección de derechos, pero dedicamos menos atención a los mecanismos de evaluación sobre su cumplimiento real. El problema ya no es únicamente reconocer derechos; el desafío consiste en hacerlos efectivos.
Ello implica fortalecer las instituciones encargadas de garantizar derechos fundamentales, modernizar los sistemas de control y rendición de cuentas, combatir la burocracia ineficiente y promover políticas públicas sostenibles que permitan reducir desigualdades históricas sin sacrificar las libertades individuales que constituyen la esencia misma del Estado democrático.
No se trata de elegir entre constitucionalismo liberal y constitucionalismo social. El verdadero desafío del siglo XXI consiste en encontrar un punto de equilibrio entre ambos modelos. La libertad sin justicia social puede convertirse en privilegio. Pero la búsqueda de justicia social sin respeto a las libertades fundamentales puede derivar en nuevas formas de arbitrariedad.
La gran tarea constitucional de Panamá no consiste en decidir entre una y otra tradición. Consiste en construir un Estado capaz de garantizar simultáneamente libertad, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica y respeto irrestricto a la dignidad humana.
Quizás allí radique la lección más importante que nos deja la evolución del constitucionalismo: una Constitución no transforma por sí sola la realidad de un país. Son las instituciones, los ciudadanos y sus gobernantes quienes deben convertir sus principios en hechos concretos. De lo contrario, los derechos terminan siendo promesas escritas en el papel mientras las necesidades reales continúan esperando respuesta.
Y un Estado constitucional no se mide por la cantidad de derechos que proclama, sino por la eficacia con la que los protege cuando más se necesitan.
El autor es docente, abogado litigante y doctorando en Derecho.
