Cuando pensamos en democracia, lo primero que viene a la mente son las urnas. Sin embargo, el sufragio es solo la punta del iceberg. Una democracia sana requiere mucho más que elecciones limpias: necesita un Estado fuerte que proteja a todos por igual y ciudadanos que ejerzan sus derechos los 365 días del año. Cuando el aparato estatal falla en este cometido, la democracia se debilita y corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío.
El Estado debe garantizar la aplicación justa y permanente de la ley en cada rincón del país. Cuando la corrupción domina, se crean zonas de exclusión para la justicia. En Panamá, esta vulnerabilidad golpea sin distinción social: quien carezca de un «padrino» en el engranaje público queda desamparado. El voto ciudadano no basta; sin palanca política, no hay seguridad jurídica ni certeza del castigo. El resultado son ciudadanos con el derecho formal de elegir a sus gobernantes, pero que, en su vida diaria, se enfrentan al desamparo institucional. Sin un Estado capaz de garantizar los derechos fundamentales, la democracia se reduce a una simple ficción.
Esta profunda debilidad se conecta directamente con la forma en que los líderes ejercen el poder una vez elegidos en las urnas. En un sistema institucionalizado ideal, el mandatario entiende que su autoridad tiene límites estrictos y que el voto jamás significa una entrega absoluta del poder. En ese escenario, la Asamblea Nacional legisla con responsabilidad, los jueces independientes fiscalizan los abusos del Ejecutivo y las instituciones funcionan bajo reglas claras que todos respetan.
Por el contrario, el modelo delegativo constituye un problema crónico en nuestro país. El sistema nos vende la ilusión de que los tres poderes del Estado son independientes cuando, en la práctica, el Órgano Ejecutivo monopoliza la billetera estatal. Al asignar, recortar o condicionar discrecionalmente el presupuesto de las demás instituciones y organismos de control, el Ejecutivo socava la independencia judicial y legislativa.
Bajo esta dinámica, el candidato ganador suele interpretar su triunfo como un «cheque en blanco» otorgado por el pueblo para gobernar sin contrapesos. El mandatario se autopercibe como el único salvador de la patria y ve a la Asamblea, a los tribunales y a las fiscalías como obstáculos burocráticos que deben ser sometidos mediante el ahogo financiero o el premio presupuestario. Para colmo, la narrativa oficial alimenta la falacia de que, si elegimos a una persona con altas cualidades cívicas y morales, los problemas del país se solucionarán mágicamente. Esta visión personalista desvía la atención del verdadero problema estructural.
Para superar esta fragilidad, Panamá necesita entender una diferencia conceptual clave: nuestra Constitución actual se sostiene sobre «providencias externas», cuando lo que urgentemente requerimos son «estructuras internas».
El gran error de nuestro diseño institucional es que depende de factores externos: de la moral del gobernante, de la buena fe de los políticos o del humor del presidente de turno. Esas son las «providencias externas» y la razón por la cual el sistema colapsa cíclicamente. En cambio, un sistema basado en «estructuras internas» se sostiene por su propio diseño técnico, independientemente de quién ocupe el cargo.
Las estructuras internas definen, por ejemplo, cómo se seleccionan los funcionarios clave. Mediante un diseño inteligente, los jueces, fiscales y administradores se escogen estrictamente por mérito y a través de procesos transparentes y automatizados. Esto los blinda frente a favoritismos y garantiza la estabilidad de sus carreras. Así, los funcionarios dejan de ser marionetas del poder político porque ya no le deben el puesto a un partido o a un caudillo, sino a la ley. Al contar con puestos estables y protegidos, desaparece la necesidad de ceder a presiones o participar en esquemas de corrupción para sobrevivir en el cargo.
No tenemos que inventar la rueda ni depender de la llegada de un líder mesiánico. El verdadero desarrollo de Panamá no vendrá de la buena voluntad de un gobernante, sino de la fortaleza técnica e inquebrantable de nuestras propias instituciones. Solo cuando logremos blindar el servicio público de la arbitrariedad política dejaremos de vivir atrapados en una ficción electoral para consolidar, finalmente, una democracia real.
La autora es arquitecta.
