No hace falta que yo defienda al defensor del Pueblo. Lo ha hecho con suficiente brillo, claridad, contundencia y dignidad, en la reciente entrevista radial con el periodista Edwin Cabrera, que sugiero al lector escuche. Y lo ha seguido haciendo.
Me he resistido hasta ahora a pronunciarme, pero ya no puedo callarme. Lo eduqué en los más exigentes principios morales y éticos, y en esto, me consta, es irreductible. Todos los que le conocen bien lo saben. Su hoja de vida es impecable y su devoción por la protección de los derechos humanos data de muchísimos años, habiendo participado en numerosos foros internacionales y en altos cargos de Naciones Unidas, incluso en la creación de la Defensoría en Panamá. Su nobleza de carácter es de muchos conocida.
Y es inaceptable que se quiera arrojar sobre él una mancha de vergüenza, basada en una supuesta “insolvencia moral” por personas cuya moralidad es la que debe ser cuestionada, y una Asamblea de Diputados donde lo que se pretende es eliminarle del puesto para colocar copartidarios.
Encabezan esta patraña de falsedades sin sustento una diputada Zulay Rodríguez, de conocida incontinencia verbal, que vocifera grotescos improperios sin importarle el daño que produce; una diputada Corina Cano, que lo hace con impúdica saña, y un joven diputado Juan Diego Vásquez, en el que muchos teníamos esperanzas, y que se ha prestado a este sucio juego politiquero para hundirse en el sumidero de la desvergüenza.
Se acusa al defensor de manera caprichosa e irresponsable por supuestas faltas que él jamás cometería, violando sus garantías constitucionales y legales, y se le condena de antemano sin ser oído. Todo esto es público y notorio. Porque es obvio que la encerrona de la Comisión que lo condena de antemano se basa en no otra cosa que en injurias y calumnias de funcionarios y funcionarias resentidos que en la Defensoría se les conoce por tratar de boicotear sistemáticamente la institución y resistirse a hacer su trabajo.
Es inconcebible el nivel al que se ha rebajado nuestra Asamblea de Diputados y que tantos sean sus miembros (salvo muy honrosas excepciones) que estén arrastrando a nuestro país a esta deriva humillante. Pareciera no importarles destruir la honra de una persona decente y uno de los profesionales más capacitados en materia de derechos humanos, solo para satisfacer mezquinos intereses politiqueros. Es una vergüenza. Él no se lo merece. No se lo merece nuestra familia, cuyos valores morales y éticos son bien conocidos. Ni se lo merece el pueblo panameño. ¡Ya es suficiente!
El autor es padre de Alfredo Castillero Hoyos
