Opinión

Declaración de Chapultepec y libertad de expresión

La libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas, permitiendo a los individuos expresar sus ideas y opiniones sin temor a represalias. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y debe ejercerse con responsabilidad. Uno de los desafíos contemporáneos es cómo algunas personas se escudan tras la libertad de expresión para hacer comentarios que dañan la honra y el buen nombre de otras personas.

Libertad de expresión: un derecho fundamental

La libertad de expresión está protegida por numerosos tratados y constituciones alrededor del mundo. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. Este derecho es esencial para el desarrollo personal y colectivo, la participación política y el avance social.

Por estos días el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó la Declaración de Chapultepec para proteger este derecho tan fundamental. Sin embargo, ¿hasta dónde llega ese derecho y hasta dónde el respeto a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia?

En múltiples ocasiones hemos visto, especialmente en nuestro país y en redes sociales, cómo la libertad de expresión puede ser malinterpretada y abusada. Hay quienes utilizan este derecho como cobertura para emitir comentarios injuriosos, difamatorios o calumniosos. Estos comentarios, aunque presentados bajo la apariencia de opiniones personales, tienen el potencial de causar daño significativo a la reputación y la dignidad de las personas.

La difamación y la calumnia son ejemplos claros de cómo se puede abusar de la libertad de expresión. La difamación implica la comunicación de una declaración falsa que daña la reputación de una persona. La calumnia, por su parte, se refiere a la imputación falsa de un delito. Ambos actos son perjudiciales y, en muchos sistemas legales, constituyen delitos.

Una estrategia común de quienes emiten comentarios dañinos es presentarlos como meras opiniones. Sin embargo, la línea entre opinión y afirmación de hecho puede ser tenue. Las afirmaciones de hecho, especialmente cuando son falsas, pueden tener consecuencias legales y éticas, mientras que las opiniones, en teoría, están protegidas por la libertad de expresión. Esta distinción, aunque clara en teoría, puede ser manipulada en la práctica para evitar responsabilidades.

El impacto de los comentarios injuriosos va más allá del individuo afectado. La honra y el buen nombre son componentes cruciales de la identidad y la dignidad de una persona. Cuando se ataca la reputación de alguien, no solo se daña su imagen pública, sino también su autoestima y sus relaciones personales y profesionales. Estos ataques pueden llevar a consecuencias graves, como la pérdida de empleo, el aislamiento social y, en casos extremos, problemas de salud mental.

Para proteger tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra y el buen nombre, es esencial establecer un equilibrio regulatorio. Muchos países han implementado leyes que penalizan la difamación y la calumnia, buscando disuadir estos abusos sin restringir indebidamente la libertad de expresión.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en este contexto. Como principales vehículos de información y opinión, deben asegurarse de verificar los hechos antes de publicarlos y evitar caer en el sensacionalismo. La ética periodística exige un compromiso con la verdad y la justicia, protegiendo así tanto la libertad de expresión como los derechos individuales.

Conclusión

La libertad de expresión es un derecho invaluable, pero su abuso para dañar la honra y el buen nombre de las personas no debe ser tolerado. Es fundamental promover una cultura de respeto y responsabilidad, donde las opiniones puedan expresarse libremente sin cruzar la línea hacia la difamación y la calumnia. Solo así podremos mantener un equilibrio justo entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad humana.

La autora es abogada.