Tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a tener un tsunami político en Panamá, análogo a lo que sucedió recién en Estados Unidos, coincidiendo con la fecha de nuestra fiesta nacional, tal vez como premonición para nuestro país.

Yo, hasta entonces, estaba muy decepcionado y pesimista sobre la política y el futuro de Estados Unidos, y lo que eso representaría para el resto del mundo. No obstante, los votantes han enviado un mensaje claro a todos los involucrados, incluyendo a los perritos falderos que abundan en ese país y en el resto del mundo, especialmente en Latinoamérica.

Hay que ver si el Partido Demócrata lee adecuadamente el mensaje de que el país más rico del mundo tiene muchos milmillonarios, pero a la vez muchísima gente durmiendo en las calles, niveles de pobreza inaceptables y servicios de salud que pocos pueden pagar. Además, existe un nivel de corrupción inaceptable que merece que los culpables respondan por sus desmanes, sin descuidar las necesidades de la población, con un enfoque dual.

En Panamá nadie nos tiene que convencer de lo que todos sabemos sobre los altos niveles de corrupción que existen en los diferentes estamentos del Estado, los cuales han permeado a muchos grupos de la población; y los políticos criollos no parecen entender la seriedad de este tema.

Tampoco nos tienen que convencer de que Panamá es un país razonablemente rico para nuestro entorno, pero con una de las peores distribuciones de la riqueza de Latinoamérica y de muchas naciones del mundo.

Aquí sobra el agua, pero muchas comunidades no tienen agua potable disponible en forma adecuada y sin interrupciones, tienen escuelas en mal estado y servicios de salud con deficiencias en cuanto a la atención oportuna y a la disponibilidad de medicamentos, que fuera del sector público son de los más caros de la región; y así podemos hacer una larga lista.

Gobiernos van y vienen, pero los problemas persisten, mientras en la Asamblea hay más de 8,000 empleados para 71 diputados, y abunda el “qué hay pa’ mí”.

No es que el Estado no preste servicios a la población, sino que estos son, en su mayoría, deficientes. Por ejemplo, los servicios de salud y los medicamentos en el sector privado son excesivamente caros para el nivel de ingresos de la población, por lo cual los servicios del Estado deben ser razonablemente buenos y oportunos.

La salud, el agua, la energía, la educación y el transporte público deben ser derechos de los ciudadanos. Y no debe haber ciudadanos de segunda o tercera categoría, como los habitantes de los barrios marginales de las ciudades, los campesinos de áreas apartadas y pobres, y los de las comarcas de los pueblos originarios.

Para lograr esto habrá que encontrar métodos ingeniosos que permitan un nivel adecuado de calidad a un costo razonable, para lo cual, además, debemos medirnos en forma transparente y constante con otros países de la región (benchmarking).

Cuando se plantea esto, muchas veces las partes interesadas inmediatamente dicen: “¿De dónde va a salir el dinero?“. Si uno ausculta el presupuesto, descubrirá muchísimas áreas en que se puede ahorrar, lo cual no se hace por razón de intereses políticos o económicos de algún tipo. Además, muchas soluciones son un tema de organización y supervisión.

Todo esto continuará, ante la falta de visión o de valentía, hasta que llegue el tsunami democrático o, peor aún, autocrático. Cuando la democracia no da respuestas porque todos los candidatos y los partidos políticos son casi lo mismo, y no resuelven los problemas a la población, se abre la puerta a los demagogos que terminan llevando a los corderos al matadero sin que estos se percaten. Y el mundo está lleno de ejemplos en la historia reciente.

El autor es ingeniero, informático y escritor.