Quienes dictamos clases de Derecho tenemos una responsabilidad particular. No basta con explicar qué dice una norma. También debemos intentar comprender por qué existe, qué finalidad persigue, qué conducta pretende ordenar y, sobre todo, cuál es ese escenario al que aspira cuando establece cómo deberían desarrollarse determinadas relaciones dentro de una sociedad.
En otras palabras, buena parte de nuestra labor consiste en reflexionar sobre el deber ser.
Sin embargo, basta conversar con estudiantes, pasantes, abogados litigantes o profesionales de cualquier disciplina para advertir que la realidad cotidiana no siempre se comporta conforme a esa aspiración. Las normas dicen una cosa; las prácticas, en ocasiones, muestran otra. Los procedimientos han sido concebidos con determinada finalidad, pero su aplicación puede terminar produciendo resultados muy distintos. Los principios se proclaman con facilidad, aunque llevarlos a la práctica suele ser bastante más complejo.
En algunas conversaciones, colegas me han señalado que determinadas posiciones que sostengo pueden parecer idealistas. Probablemente tengan algo de razón. Pero siempre me surge la misma pregunta: ¿cuándo convertimos el idealismo en un defecto?
Naturalmente, ninguna sociedad funciona únicamente a partir de ideales. La realidad impone limitaciones, recursos escasos, intereses contrapuestos y circunstancias que obligan a actuar con pragmatismo. Pretender ignorarlo sería ingenuo. Reconocer las limitaciones de la realidad es necesario; convertirlas en una excusa para renunciar a aquello que alguna vez dijimos que debía cambiar es otra cosa muy distinta. Ese es, quizá, uno de los mayores dilemas éticos que enfrentamos hoy como profesionales y ciudadanos: la delgada línea entre el pragmatismo y la resignación.
Visto desde afuera, el diagnóstico casi siempre parece sencillo. Resulta fácil señalar las deficiencias de una institución, cuestionar procedimientos obsoletos y proponer cambios. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego no ocurre en el debate de ideas, sino cuando dejamos de ser espectadores y asumimos la responsabilidad de decidir.
Es en ese momento cuando la teoría choca con la realidad. Aparecen presupuestos limitados, resistencias internas, intereses, urgencias, estructuras difíciles de mover y, por supuesto, aquella frase que todos hemos escuchado alguna vez: “siempre se ha hecho así”.
El verdadero riesgo no está en encontrarnos con esos obstáculos, sino en utilizarlos para justificar que nada cambie. El deber ser también necesita de quienes estén dispuestos a defenderlo cuando la realidad hace más fácil renunciar a él.
Quizá una de las contradicciones más difíciles de reconocer aparece cuando llegamos a espacios desde los cuales podemos influir en determinadas decisiones y terminamos reproduciendo prácticas que alguna vez cuestionamos. No necesariamente porque hayamos abandonado nuestros principios. A veces ocurre porque las estructuras condicionan más de lo que imaginábamos. Otras veces, porque cambiar implica asumir costos. Y también puede ocurrir que estar dentro nos haga ver matices que desde afuera no alcanzábamos a percibir.
Pero si cada generación profesional termina adaptándose sin cuestionamientos a las mismas distorsiones que encontró, el progreso se vuelve extraordinariamente difícil.
Por eso considero que el deber ser conserva una función esencial. No como una fantasía desconectada de la realidad, sino como una referencia que permite preguntarnos permanentemente hacia dónde deberíamos avanzar.
El ideal necesita pragmatismo para convertirse en realidad. Pero el pragmatismo también necesita un ideal que le indique hacia dónde dirigirse.
Esta reflexión trasciende ampliamente el ejercicio del Derecho. Puede aplicarse a la medicina, la educación, la empresa privada, el servicio público, la política, la academia o cualquier espacio profesional. Todos conocemos prácticas que sabemos que podrían hacerse mejor. Todos hemos identificado alguna vez una regla absurda, una costumbre injustificada o una decisión que pudo haberse tomado de otra manera.
La pregunta importante no debería ser únicamente qué está mal, sino qué podemos hacer nosotros cuando tenemos la oportunidad de corregirlo.
Una sociedad no progresa simplemente porque sea capaz de identificar sus problemas. Progresa cuando quienes tienen la posibilidad de intervenir sobre ellos conservan suficiente convicción para intentar transformarlos.
Ser idealista no debería significar desconocer la realidad. Tal vez signifique negarse a aceptar que la realidad, por el simple hecho de existir, sea necesariamente la única posible.
Entre el ser y el deber ser siempre existirá una distancia. Nuestro compromiso profesional y ciudadano debería consistir, al menos, en intentar que esa distancia sea cada vez menor.
El autor es abogado y docente universitario.
