Después de la injustificable invasión militar estadounidense de fines de 1989, el país quedó devastado, y la posibilidad de que Panamá lograra asumir con éxito la administración y operación del Canal a partir del 31 de diciembre de 1999 —según lo estipulado en el Tratado del Canal de 1977— parecía incierta. Aprovechando esa coyuntura, algunos panameños se aliaron con activistas zonians, en busca de apoyo para extender el control estadounidense sobre el Canal después del año 2000.
Por su parte, la comunidad marítima internacional no ocultaba su aprehensión sobre la capacidad de Panamá para manejar el Canal. Con buen criterio, el presidente Guillermo Endara se rodeó de patriotas panameños que le señalaron la ruta a seguir, no solo para preparar al país ante ese reto, sino también para convencer a los clientes y usuarios de que los panameños serían capaces de gestionarlo eficientemente.
En el seno de la Comisión del Canal, ciudadanos comprometidos —con el respaldo del entonces presidente de su junta directiva, Joe Reeder— impulsaron la “panameñización” de los cargos ejecutivos y técnicos de la entidad, así como las tareas e inversiones necesarias para que Panamá recibiera un canal en óptimas condiciones operativas.
Desde el gobierno, Endara encomendó a un equipo de expertos diseñar una estrategia que garantizara una agencia panameña con la autonomía suficiente para blindarla frente a la injerencia político-partidista. En paralelo, el exsubadministrador de la Comisión del Canal, Fernando Manfredo, encabezó una verdadera cruzada nacional para promover el modelo institucional que aseguraría la viabilidad del Canal en manos panameñas.
Ese proceso incluyó los diálogos de Bambito y Coronado, de los cuales surgieron el Título Constitucional del Canal y la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). En esa misión se sincronizaron los esfuerzos de los expresidentes Endara y Ernesto Pérez Balladares. Convencido de que el siguiente paso era persuadir a la comunidad marítima global de que Panamá estaba lista para asumir la operación, Pérez Balladares convocó el Congreso Universal del Canal de Panamá, celebrado el 7 de septiembre de 1997, con motivo del vigésimo aniversario de los Tratados Torrijos-Carter (Decreto Ejecutivo No. 96 de 25 de enero de 1995).
A pesar del boicot de China —en protesta por la participación de Taiwán—, el congreso fue un rotundo éxito. Más de 600 delegados de países usuarios del Canal acudieron al evento, constataron en el terreno los avances del proceso de transición y escucharon las proyecciones de tráfico elaboradas por las consultoras Advanced Logistics Group/Europroject, G.P. Wild International e ICF Kaiser International. Todos los estudios coincidían en que, para 2012, se alcanzaría la capacidad máxima del Canal existente.
En ese momento, el entonces gerente de Mercadeo de la Comisión, Rodolfo Sabonge, subrayó la necesidad de “iniciar los preparativos para la construcción de un tercer juego de esclusas”. Ese proyecto fue lanzado en 2007 y concluido en junio de 2016, con un costo superior a los 5,400 millones de dólares, duplicando la capacidad operativa del Canal. En sus primeros 25 años bajo administración panameña, el país ha invertido más de 10,500 millones en su modernización y ampliación para responder a las necesidades del comercio mundial.
Hoy, ante las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump —quien ha sugerido retomar el control del Canal bajo la falsa premisa de que está en manos de China—, Pérez Balladares ha propuesto organizar una nueva edición del Congreso Universal del Canal. Este permitiría a clientes y usuarios constatar la operación del Canal ampliado, las mejoras realizadas por Panamá y los planes futuros. La ACP prevé invertir más de 8,000 millones de dólares en la próxima década, incluyendo mejoras al corredor logístico y la construcción de un reservorio multipropósito en el río Indio, que garantizará el suministro de agua para el Canal y el consumo humano durante los próximos 50 años.
El congreso también sería una plataforma para debatir sobre las nuevas realidades y retos derivados de la recomposición de las cadenas de suministro, brindando insumos para adaptar la Estrategia Logística 2030 a las exigencias de los operadores globales. Idealmente, esa estrategia debería incorporar los intereses de los principales actores portuarios internacionales.
Con la experiencia acumulada en el Congreso de 1997 y otros foros logísticos, Panamá cuenta con todos los elementos para organizar un evento de primer nivel. El Congreso Universal del Canal de 2026 debería articular los esfuerzos de la ACP con el gobierno central —a través del ministro de Asuntos del Canal—, e integrar a organizaciones como la Cámara Marítima de Panamá (CMP), el Consejo Empresarial Logístico (COEL) y la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA). Sería una iniciativa clave de diplomacia económica y mercadeo internacional.
El autor es periodista.
