Hay noticias que deberían hacernos reflexionar sobre las prioridades de un país.

El gobierno de Donald Trump acaba de anunciar una inversión de $100 millones para 14 escuelas de minería en Estados Unidos, con el propósito de preparar a la próxima generación de profesionales en minería, minerales críticos y cadenas de suministro. A esto se suman otros fondos para proyectos de investigación y formación vinculados al sector minero. La lógica es bastante clara: si Estados Unidos quiere fortalecer su industria minera, primero invierte en conocimiento, formación profesional y capacidad técnica.

Y entonces uno tiene que preguntarse: ¿qué estamos haciendo en Panamá?

Aquí hablamos de cientos de millones de dólares en tecnología educativa mientras todavía existen centros escolares que enfrentan problemas de infraestructura, mantenimiento, conectividad, mobiliario y condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan aprender.

El caso de las computadoras es particularmente llamativo. Meduca ha planteado la adquisición de 531,250 laptops para estudiantes, con un precio de referencia de aproximadamente B/.268.5 millones. Esa licitación fue declarada desierta y el proceso ha tenido que repetirse. Además, existe un contrato adjudicado por aproximadamente B/.300.4 millones para computadoras destinadas a docentes.

Nadie puede decir que la tecnología no sea necesaria. Claro que nuestros estudiantes necesitan computadoras. Pero una computadora no sustituye una escuela digna.

¿De qué sirve entregar una laptop si el estudiante tiene que estudiar en un salón deteriorado, con problemas de infraestructura, sin las condiciones adecuadas, con dificultades de conectividad o incluso en instalaciones que necesitan ser reparadas?

La tecnología debe ser una herramienta dentro de un sistema educativo sólido, no un sustituto de ese sistema.

Y aquí llegamos al tema que más preocupa a muchos panameños: la minería.

Si Panamá pretende volver a abrir la puerta a la minería, la discusión no puede reducirse a cuánto dinero puede producir una mina. Antes de hablar de toneladas, regalías, impuestos o inversiones extranjeras, debemos preguntarnos:

¿Estamos preparando a los panameños para participar profesionalmente en esa actividad?

¿Tenemos ingenieros, geólogos, técnicos ambientales, especialistas en agua, expertos en seguridad minera, profesionales en restauración ambiental y científicos capaces de fiscalizar de manera independiente una operación de esa magnitud?

Porque si para explotar nuestros recursos necesitamos traer de afuera buena parte del conocimiento especializado, entonces no estamos construyendo soberanía económica. Estamos simplemente poniendo nuestros recursos naturales al servicio de otros mientras nosotros seguimos comprando la tecnología y el conocimiento que necesitamos.

Estados Unidos parece entender algo fundamental: la verdadera riqueza de un país no está solamente debajo de la tierra; también está en la cabeza de sus ciudadanos.

Por eso invierte en sus escuelas de minería. Panamá debería aprender esa lección.

Si de verdad se pretende hablar nuevamente de minería en nuestro país, primero deberíamos hablar de educación, ciencia, investigación, infraestructura escolar, formación técnica y universidades capaces de preparar a nuestros propios profesionales.

No podemos pretender entrar al siglo XXI con estudiantes que reciben computadoras mientras algunas escuelas todavía enfrentan carencias básicas, y al mismo tiempo decir que estamos preparados para administrar responsablemente una industria minera de enorme complejidad.

Primero formemos al ciudadano. Después discutamos qué hacer con nuestros recursos naturales.

Porque una mina puede extraer cobre, oro o cualquier otro mineral.

Pero una buena educación puede extraer algo mucho más valioso: el potencial de todo un país.

Y esa debería ser la verdadera inversión estratégica de Panamá.

El autor es abogado.