Nunca deja de asombrarnos el grado casi criminal de premeditación y alevosía con el que actúan algunos diputados, siempre resguardados por una bien conocida impunidad. Por ejemplo, durante el actual “receso” no hay sesiones ordinarias del pleno, pero las comisiones legislativas deberían seguir operando. ¿Sabes cuántas lo han hecho? Ni una sola, salvo la de Presupuesto, que se reunió una única vez (el pasado 14 de mayo) para aprobar traslados de partida. Eso sí, trabajen o no, los diputados cobran puntualmente su salario completo. Ojalá esta sea una de las “vagabunderías” que el presidente electo, José Raúl Mulino, asegura que no tolerará.
Pero no solo se toman el trabajo de depredar recursos del Estado para su propio beneficio mediante aumentos de su presupuesto, planillas secretas, nuevos corregimientos y distritos, planes de retiro voluntario y créditos fiscales a favor de donantes y copartidarios. Hace tres años, previendo su eventual salida por la puerta de atrás de la Asamblea, desarrollaron una trama para dejar a sus manzanillos bien atornillados en sus puestos. Esta maquinación consiste en flexibilizar los requisitos de ingreso a la carrera del servicio legislativo mediante un “procedimiento especial” que solo exige que el funcionario haya desempeñado labores permanentes por un periodo de dos años o más.
Con un plumazo, eluden todos los otros instrumentos de selección: concurso de antecedentes, exámenes de libre oposición, evaluaciones de ingreso, etc. Así, equiparan a una horda de sus “promotores” culturales y deportivos con aquellos servidores que sí cumplen con todas las exigencias legales previamente establecidas para ingresar a la carrera. El proyecto de ley que creó este insólito procedimiento especial de ingreso fue presentado el 13 de septiembre de 2021. Por supuesto, un bodrio como ese solo podía tener como proponente a una de las celebridades legislativas: nada menos que el diputado Raúl Pineda. El presidente Nito Cortizo lo sancionó el 27 de enero de 2023, pero como el procedimiento solo estaría vigente por los siguientes seis meses a partir de su promulgación, el 21 de agosto de ese mismo año se presentó un nuevo proyecto de ley (idéntico al anterior) para mantener el “beneficio” por otros seis meses.
Al presidente le habrá parecido una genialidad, porque lo sancionó el 18 de abril pasado, a tan solo 17 días de las elecciones. Mientras tanto, la planilla del Legislativo sigue engordando: en junio de 2021 tenía 2,247 funcionarios y ahora son 4,193 (sin contar los emplanillados en la 002, 080 y 172). Ya que son tan hábiles para duplicar la deuda pública y las planillas, ¿por qué no han intentado hacer su magia también en la bóveda del Banco Nacional o el FAP? La maldad con la que han actuado muchos de los diputados del periodo que está por terminar podría competir, a su manera, con la de la peor de las zonas rojas de Panamá. Por suerte, ya falta poco para el 1 de julio.