El derecho a la salud constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social, y su garantía depende en gran medida del nivel de inversión pública que realice el gobierno central. En Panamá, el gasto en salud ha mostrado una evolución progresiva a lo largo de los últimos años, reflejando un mayor compromiso institucional con el fortalecimiento del sistema sanitario.
De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el año 2024 el presupuesto consolidado del sector, que integra al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro Social (CSS), superó los B/.11,000 millones. Estas cifras contrastan con la realidad de Arraiján, donde el crecimiento poblacional —que ya supera los 300,000 habitantes, según el último censo— ha pulverizado la planificación estatal, manteniendo una brecha crítica entre la inversión y la disponibilidad real de servicios para su población.
A pesar de que el gasto per cápita se triplicó en la última década, la distribución no ha sido equitativa bajo un enfoque de ordenamiento territorial en el distrito de Arraiján. Esta situación refleja una paradoja evidente: mientras el sistema de salud se moderniza en el centro del país, la periferia colapsa. El distrito carece de un hospital de primer nivel, lo que obliga a miles de personas a desplazarse hacia la capital o La Chorrera, saturando infraestructuras ajenas.
El problema no es solo la falta de camas, sino un diseño urbano deficiente. Los centros de salud actuales están asfixiados por su entorno; la carencia de estacionamientos dignos para pacientes y familiares no es un detalle menor, sino una barrera de acceso que genera caos y desprotección. La salud en Arraiján está hoy condicionada por una infraestructura hospitalaria obsoleta que ya no resiste mayor presión.
Para revertir este naufragio sanitario no basta con asignar más fondos; se requiere asumir el reto de ordenar los espacios del distrito. Es posible brindar respuestas concretas mediante propuestas clave que ayuden a disminuir la brecha existente. Primero, la creación de nodos de salud integrados al Metro, aprovechando la servidumbre y los terrenos baldíos colindantes a las estaciones de la Línea 3 —como Ciudad del Futuro o Vista Alegre— para la construcción de un complejo hospitalario regional que garantice un acceso masivo. Segundo, la implementación de una zonificación sanitaria, mediante normativas de ordenamiento territorial que exijan a las promotoras urbanas la cesión de terrenos específicos para salud, evitando que las barriadas crezcan sin previsión de servicios básicos. Como tercer eje, la renovación del proyecto del nuevo hospital de Arraiján con un enfoque centrado en pacientes y familiares, que incluya edificios de estacionamientos multinivel y áreas de transferencia de transporte público integradas, que eliminen el colapso vial que hoy asfixia a los centros de salud existentes y a la policlínica “Dr. Blas Daniel Gómez Chetro”.
La evolución de las instituciones de salud debe dejar de ser una estadística nacional para convertirse en una realidad local. Arraiján necesita un compromiso que trascienda el papel: un hospital moderno, digno, con accesos fluidos y capacidad de respuesta inmediata. El ordenamiento territorial es la herramienta para que el derecho a la salud deje de ser un privilegio de quienes viven cerca del centro y se convierta en una garantía de vida para todos los arraijaneños.
Alcanzar niveles adecuados de atención en salud no es tarea exclusiva del Minsa o la CSS, sino una responsabilidad compartida que exige acciones intersectoriales. Este desafío, asumido con voluntad política y planificación territorial adecuada, permitirá que cada familia del distrito de Arraiján cuente con una instalación de salud accesible. El derecho a la salud se convertirá así en una realidad tangible, mejorando la calidad de vida de toda la comunidad.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible, Universidad de Panamá.
