En una escuela pública de cualquier ciudad latinoamericana, un aula puede estar llena y, al mismo tiempo, vacía. Hay estudiantes, docentes y programas oficiales; sin embargo, falta lo esencial: continuidad, expectativas sostenibles y la convicción de que el esfuerzo tendrá algún retorno. Esa escena, cotidiana y silenciosa, resume mejor que cualquier estadística una sensación extendida en amplios sectores de la región: se avanza, pero no se progresa; se promete, pero no se transforma.
Más de cinco décadas después de que Eduardo Galeano (1940-2015) describiera a América Latina como una región marcada por el despojo histórico, la pregunta central no es si aquella lectura conserva vigencia, sino por qué, pese a los cambios políticos, económicos y sociales ocurridos desde entonces, persisten la desigualdad recurrente, la fragilidad institucional y el desencanto colectivo. Responder a esta interrogante exige abandonar explicaciones únicas y asumir una mirada más compleja, menos complaciente y más exigente.
América Latina no es una realidad homogénea. Sus trayectorias nacionales son diversas, con avances relevantes en algunos países y retrocesos graves en otros. No obstante, se repiten ciertos patrones estructurales en buena parte de la región: economías dependientes de la exportación de materias primas, instituciones débiles frente al poder económico, sistemas fiscales poco redistributivos y una histórica concentración del poder político. Estos factores no actúan únicamente desde el exterior; por el contrario, se sostienen y reproducen mediante decisiones internas concretas.
El peso del colonialismo y de las relaciones desiguales en el sistema internacional sigue siendo relevante, pero ya no basta como explicación central. Las dinámicas de dependencia persisten, en buena medida, porque han resultado funcionales a élites locales que encontraron en ellas beneficios políticos y económicos. No se trata de una culpa colectiva abstracta, sino de responsabilidades diferenciadas. Aquí emerge una afirmación incómoda: la persistencia del problema no se debe solo a la corrupción, sino también a una tolerancia social que, por cansancio o conveniencia, termina por volverla predecible.
Uno de los rasgos más persistentes es la desigualdad estructural. Esta no se limita a los ingresos, sino que atraviesa el acceso a la educación de calidad, a la justicia efectiva, a la salud y a la participación real en las decisiones públicas. En numerosos países latinoamericanos, el Estado no logra garantizar la igualdad ante la ley, lo que erosiona la confianza ciudadana y normaliza prácticas informales que sustituyen a las instituciones. La corrupción, lejos de ser una anomalía cultural o una desviación individual, es un síntoma de sistemas políticos incapaces de generar controles eficaces y legitimidad sostenida.
A ello se suma una cultura política marcada por el cortoplacismo. Este fenómeno no debe entenderse como una falla moral individual, sino como el resultado de incentivos institucionales débiles: mandatos breves, sistemas de partidos fragmentados y economías vulnerables que empujan a la supervivencia política inmediata en detrimento de la planificación de largo plazo. El verdadero obstáculo no es la falta de ideas, sino la dificultad de sostenerlas más allá de una coyuntura.
Reducir el análisis a un inventario de carencias, sin embargo, sería incompleto. América Latina también ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Existen experiencias de fortalecimiento institucional, políticas sociales eficaces, innovación cultural y participación ciudadana significativa. Estos procesos no son ideales ni permanentes; a menudo resultan frágiles, parciales o incluso cooptados. Aun así, demuestran que la transformación no es una abstracción retórica, sino una posibilidad concreta.
La persistencia de los problemas latinoamericanos no se explica por una supuesta incapacidad cultural ni por un destino histórico inmodificable, sino por la dificultad de articular proyectos colectivos sostenidos en el tiempo. Aquí el “nosotros” importa: quienes votamos, quienes educamos, quienes administramos lo público y también quienes callamos. La educación, entendida como formación crítica y no solo como escolarización, desempeña un papel central. Sin ciudadanía informada y exigente, las instituciones se vacían; sin instituciones sólidas, la participación se vuelve simbólica.
América Latina no está condenada, pero tampoco está a salvo. La herida no permanece abierta por desconocimiento, sino porque cerrarla exige decisiones incómodas y sostenidas. El desafío actual ya no es comprender el pasado, sino dejar de utilizarlo como coartada. La historia no se repite porque sepamos poco, sino porque, demasiadas veces, nos atrevemos menos.
La autora es profesora de filosofía.
