El fondo de jubilación del Seguro funciona como una pirámide: los de abajo aportan para pagarles a los de arriba. Pero esa pirámide se ha estrechado porque los de abajo son menos que los de arriba. ¿Por qué? Porque las familias tienen menos hijos y la informalidad aumentó, lo que se traduce en menos trabajadores cotizando. Además, las personas viven más que en 1960 -qué bien-, pero eso implica que cobran por más años tras jubilarse. Eso tiene al sistema de pensiones en rojo. Los ahorros se agotaron. ¿Y por qué? Porque los últimos gobiernos, pensando en las próximas elecciones y no en el país, postergaron la decisión.
En 1960, la esperanza de vida era de 60 años; hoy es de 76. El sistema de pensiones se diseñó para que los ahorros de la vida laboral cubrieran una vida relativamente corta después de la jubilación. Ahora, con una mayor longevidad, los mismos aportes deben sostener a los jubilados por más tiempo. Por otro lado, en 1960 las mujeres tenían seis hijos; ahora tienen dos. El sistema se creó bajo la suposición de que las generaciones jóvenes serían suficientes para pagar las pensiones de las mayores, pero con menos personas cotizando y más informales, la plata no alcanza. Es un problema estructural.
El Seguro tiene cuatro programas: Administración, Riesgo Profesional, Enfermedad y Maternidad, e Invalidez, Vejez y Muerte. Todos están en déficit, pero el más afectado es el de Invalidez, Vejez y Muerte, que a su vez se divide en dos subsistemas: el de beneficio definido, donde se agrupan quienes al 1 de enero de 2006 tenían 35 años o más, y el mixto, donde están quienes entonces tenían menos de 35. El primero es una bolsa común que hoy es un gran hueco, y el segundo incluye cuentas individuales donde cada cotizante acumula sus aportes. Hoy hay 250 mil personas cobrando pensiones. El problema es que quienes están pensionados hicieron aportes mucho menores de lo que reciben hoy, porque viven más. Aportaron $20 y recibirán casi el doble.
Y eso pasa porque no se ajustaron las variables del sistema a la realidad. Las mujeres aún se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62; se requieren 240 cuotas (20 años) para jubilarse, y la cuota obrero-patronal sigue siendo del 13.5%. La mayoría de los jubilados recibe el 60% de su mejor salario, con tope de $2,500. Y nadie quiere trabajar más tiempo, jubilarse más tarde, o pagar más cuotas.
Los trabajadores actuales han estado cubriendo el déficit, pero como cada vez se suman menos cotizantes, el sistema es cada vez más insostenible. Antes, por cada jubilado había cinco personas aportando; ahora hay dos o menos. O sea que el sistema no solo no cubre los compromisos actuales, sino que crea un vacío para las futuras generaciones.
La solución mágica para muchos es que el Estado cubra el hueco y ya. Eso requeriría un aporte, en promedio, de $3 mil 300 millones por año hasta el año 2080. Es financieramente imposible, además de que ya el presidente dijo que el Seguro lo deben pagar los asegurados, no el Tesoro.
El último informe de la Junta Técnica Actuarial, entregado en 2022 con datos de 2020, planteó recomendaciones repetidas y ya conocidas, pero la directiva del Seguro las ignoró. Tampoco han cambiado la ley, aunque es un requisito de la misma ley. Y el diagnóstico es claro: se necesitarán al menos $14 mil millones para cubrir el déficit de los próximos 10 años, si no queremos ver a Panamá ahogarse en una crisis política, social y económica.
La pregunta es por qué nadie quiere ajustar las variables. Pues porque, a pesar de que el aporte de prestación de servicios es distinto al de jubilación, el asegurado ve al Seguro como un todo y está harto de ir allá a curarse y salir más enfermo, sino muerto. Si no le ve beneficio a su aporte, ¿por qué quisiera aportar más?
¿Entonces qué soluciones hay? Elevar la edad de jubilación acorde con la expectativa de vida y equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años, como en otros países. O aumentar la cuota obrero-patronal al 16% o 17%, y aportar por 25 años, no por 20.
El gobierno dividió el tema en dos: pensiones y atención médica, creando dos mesas de trabajo. Eso tiene lógica, pero no para los gremios de maestros y Conusi, que se resisten a las “imposiciones”, pero no dan alternativas. Hoy arrancan las mesas, con o sin ellos. Ellos decidirán si aportan a la solución o si siguen siendo un obstáculo para que se haga lo que, sí o sí, hay que hacer.