Hay un tema clave que no aborda el proyecto de ley del Seguro que se discute en la Asamblea, pero que genera una carga significativa para el Estado. Y son las jubilaciones especiales. Si bien es cierto que los policías no son los culpables de la crisis del Seguro y que esas jubilaciones las paga el Mef y no el Seguro, al final el Estado somos tod os los que pagamos impuestos, no importa del bolsillo del que saquemos la plata. Y si en una casa falta agua, hay que medirla mejor no en un baño sino en todos. Si no, es por gusto.
En principio las jubilaciones especiales, entiéndase más altas, no son malas. Fueron creadas para reconocer a los trabajadores de profesiones que son imprescindibles, pero peligrosas para quienes las ejercen. En otros países aplica por ejemplo para químicos, petroleros, mineros, marinos y los que limpian las alcantarillas.
En Panamá, la ley permite a los miembros de la Policía, así como del Senan y el Senafront, optar por la jubilación después de cumplir 25 años de servicio continuos o 30 no continuos, sin esperar a tener 57 años las mujeres y 62 los hombres.
El Ministerio de Seguridad paga pensiones más altas que las más altas que paga la Caja, porque se basa en el último salario recibido, no en el promedio de los mejores años con un tope de $2 mil 500, como para el resto. Por algo todos los gobiernos ascienden a uniformados que están por jubilarse: eso les permite retirarse con pensiones más altas.
Y como esas personas no es que se mueran antes que el resto de los mundanos, y las jubilaciones se pagan hasta la muerte, pues al Estado le toca pagar más, y por más tiempo. Eso, obvio, presiona las finanzas públicas.
¿Cómo lograron tener esos salarios? Pues gobierno tras gobierno les subieron el salario, a cambio del importante apoyo implícito al presidente de turno.
Hay otras jubilaciones especiales, pero ninguna tan jugosa como la de los uniformados. Por ejemplo, los docentes tienen el Programa de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), que les da una pensión temporal hasta que llegan a la edad de pensión de vejez del Seguro. Pero eso es autofinanciado, porque ellos ahorran con sus propios aportes que les descuentan.
Los bomberos, bananeros y enfermeras también tienen jubilaciones especiales, pero ninguno llega a $6 mil al mes. Entonces el impacto real lo producen realmente los uniformados.
Todo eso suena justo para algunos, pero en la práctica, se traduce en miles de uniformados jóvenes y en etapa productiva que ganan, desde su casa, lo mismo que ganaban trabajando, y sin darle seguridad a la ciudadanía que paga su jubilación. Y ganan mucho más de lo que ganan otros profesionales cuyo trabajo también es riesgoso e importante. Solo este año, en jubilaciones especiales de uniformados nos fumigamos $104.7 millones de dólares. Y en el 2025, nos fumigaremos otros 103.6 más. Y eso que el Ministerio de Seguridad pedía $153 millones. Solo para este fin.
$100 millones, para que entendamos la proporción, es más que el presupuesto de 2024 del Hospital del Niño y del Oncológico.
El propio ministro de Economía lo dice: esas jubilaciones son “impresentables” y llegará un momento en el que más de la mitad de la planilla de la Policía será para el pago de jubilaciones especiales, que de gente que está trabajando. Y agrega el ministro: “los que estamos aquí no tenemos ese tipo de jubilaciones, y si eso no se arregla, será un beneficio impagable”. Y todo eso sin contar que la propia Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios. Y sin duda los hay.
Lo importante, y ojalá lo entienda el Ejecutivo que pretende seguir manejando estas jubilaciones, es que el sistema, como está, es insostenible. Si se atrevieron a no seguir pateando la pelota del Seguro, hagan lo que tienen que hacer en esto también. Si el esfuerzo tenía que ser de todos, pues que sea de todos de verdad.