Para variar, los maestros están en pie de guerra. Desde el lunes bloquean calles, cierran avenidas, paralizan el tráfico. Se apostaron frente a la Asamblea, presionaron al Ejecutivo y ahora anuncian un paro nacional para el viernes.
¿Por qué? Porque dicen que la nueva ley del Seguro Social los perjudica, que les quita derechos, que los deja desamparados. Lo cual no es cierto. Son mentiras repetidas hasta el cansancio, como las de Trump.
Su régimen de jubilación especial sigue intacto. No les tocan sus pensiones. No les aplican los cambios. Además, tienen el PRAA, que les garantiza una jubilación anticipada: las mujeres se jubilan a los 52 años y seis meses, y los hombres, a los 56. Un privilegio que ningún otro trabajador tiene. Mientras tanto, el resto del país sobrevive con un sistema de pensiones al borde del colapso.
Y aquí está la pregunta clave: si no los afecta, ¿por qué protestan?
La respuesta es simple: porque pueden. Porque saben que el chantaje les ha funcionado. Porque el miedo a un paro de maestros ha doblegado a todos los gobiernos. Porque hasta ahora ha sido más fácil cederles que enfrentarlos.
¿Y quiénes sí pierden? Pierde el país. Pierde la estabilidad. La inversión, el empleo. Las empresas, que ven cómo cada protesta golpea la economía. La ciudadanía, que paga el costo de calles cerradas, de tráfico imposible, de clases interrumpidas.
Y es que no se trata solo de la jubilación. En los últimos años, los maestros han sido uno de los sectores más privilegiados del aparato estatal. El panameño promedio gana B/.735. Pero en los últimos años, los docentes han recibido un aumento de B/.900 sobre su salario base.
Sin contar que, en plena pandemia, cuando miles perdían sus empleos o sufrían recortes, ellos siguieron cobrando su salario completo, con un supuesto teletrabajo y sin riesgo de despido.
Pero con ellos, nunca es suficiente.
Ahora anuncian un paro nacional para el viernes. Porque protestar sin afectar al resto no es suficiente. No les basta con que la ley no toque sus privilegios, ahora también quieren paralizar el país. Un solo día de paralización cuesta, según cálculos oficiales, B/.90 millones.
Sabemos cómo termina esto si el gobierno no actúa: tranques interminables, bloqueos en las calles principales, miles de niños sin clases. Ya pasó antes. Varias veces.
La ministra Lucinda Molinar dijo que aplicará la ley. Ese cuento lo hemos escuchado antes. De varios ministros, incluyéndola a ella. Y siempre terminan cediendo.
El derecho a protestar existe. Pero también el derecho a trabajar, a moverse libremente, a que no nos bloqueen la vida cada vez que a un grupo se le antoje presionar.
El gobierno debe decidir qué defiende más: el derecho a la protesta o el derecho de todos a la libre circulación. Porque hasta ahora, siempre termina cediendo.
Ojalá esta vez se pare firme. Que no pase lo de siempre. Que no sean, otra vez, los más vulnerables quienes paguen el costo de los privilegios de unos pocos.
