Esté usted a favor de la mina o no, la mina existe y todos necesitamos saber qué va a pasar con eso, porque se trata de una actividad que aportaba el 4.8% de nuestro producto interno bruto y que empleaba a 40 mil personas directa e indirectamente, y de esas ya se han quedado sin trabajo más de 31 mil.
Vamos en orden. El 2 de diciembre de 2023 se publicó en Gaceta Oficial el fallo que declara inconstitucional la ley 406 que aprobó el contrato de concesión. Antes de eso, cuando estuvo vigente el contrato, la empresa le pagó al Estado $560 millones que, en medio de las controversias, Nito Cortizo dijo que iba a poner en una cuenta especial del Banco Nacional.
El MICI, interpretando entonces que no había contrato, mandó una nota a la empresa ordenando cesar las operaciones y tomar las medidas para mantener la estabilidad física y química del sitio.
El mismo mes, el Estado emitió un documento con su plan para el cierre ordenado de la mina. Todo rápido para apagar el rancho que tenían ardiendo por su incapacidad, descaro e inacción.
Entonces arrancan las peleas legales entre la empresa y el Estado, que consisten básicamente en que, según la empresa, que obviamente vela por su inversión, ni el fallo ni la ley de moratoria ordenan el cierre de la mina. Con la moratoria no se podrían otorgar nuevas concesiones, en efecto, pero ¿qué pasa con los derechos de la empresa si su concesión fue otorgada antes de la moratoria? ¿Se les deben valer esos derechos o no? De esa pregunta se derivan la mayoría de los pleitos, entendiendo que el fallo anuló el contrato que tenía la empresa en Panamá.
Lo cierto es que el plan que presentó el gobierno en diciembre de 2023 -Nito era “presidente” aún- abarca un pocotón de pasos que el gobierno tiene que dar para llegar al cierre ordenado y definitivo. Empezando por auditorías de procesos, económicas, financieras y ambientales, y por poner la mina en cuido y mantenimiento como paso previo al cierre.
Acto seguido, el Estado le ordenó a la empresa presentar su plan de cuido y mantenimiento. Y la empresa lo entregó el mismo mes. Al mes siguiente -ya vamos por febrero de 2024- el gobierno emitió una resolución de gabinete ordenándoles a las entidades tomar medidas administrativas para preparar el cierre ordenado y definitivo. Empezando con las auditorías.
Un mes después, en marzo, o sea dos meses antes de las elecciones, el Mici emitió comentarios del plan de cierre. Y la empresa hizo los ajustes y presentó el plan de nuevo.
El gobierno pateó esa pelota, como todas. No aprobó ni el plan ni la venta del concentrado procesado antes del cese de operaciones. Y encima se gastó los $560 millones sin invertirlos ni en el aumento prometido a las jubilados ni en el aporte del fondo del IVM del Seguro ni en su inversión comprometida con el distrito de Donoso, y fue por fuera. Y esto no significa defender a la mina, sino cuestionar la responsabilidad de quienes manejaron el Estado.
Entonces entró este gobierno hablando de “abrir para cerrar” y anunciando que ese será el tema prioritario de este año.
Siete meses han pasado desde que asumieron el poder, no han tomado ninguna decisión sobre el plan de cuido y mantenimiento y la empresa sigue manteniendo la estabilidad química y física que le ordenaron, aunque advirtiéndole al Mici que existen riesgos ambientales y sanitarios, entre otros, porque no tienen todavía el plan aprobado ni saben qué pueden o no hacer con el concentrado de cobre que tienen ahí.
Es su producto, alega la empresa, porque se extrajo antes de la inconstitucionalidad. Según el ex procurador Rigoberto Gonzalez, lo extraído antes del fallo le pertenece al concesionario. La empresa alega que sin flujo de caja le resulta imposible cubrir indefinidamente los gastos del plan de cuido y mantenimiento, que al mes suman entre $15 y $20 millones, y que no puede hacer el mantenimiento adecuado de las máquinas sin poder prenderlas.
Ahí hay una planta eléctrica, una planta de procesamiento de minerales, un puerto, línea eléctrica, equipo pesado… todo cogido en moho u oxidándose. Aquí se oxida hasta el acero inoxidable.
Mulino dijo que retomarían el tema apenas cierren el del Seguro. Pero ahora el Ministerio de Ambiente sometió a una consulta pública los términos de referencia de la auditoría ambiental. Se puede comentar hasta el 7 de febrero. Y sí, hay que hacerla porque no tenemos toda la data del impacto ambiental. Pero de ahí hay que hacer el borrador final y sacar a licitación el contrato del consultor. Y cuando lo elijan, tiene seis meses para hacer la autoría. O sea, se va todo este año solo en la auditoría ambiental, porque de las otras auditorías que ordenó el Estado no se ha sabido.
En otras palabras, lo de “abrir para cerrar” resulta atractivo. Pero en la realidad, es un proceso y bien largo. Tanto, que puede alcanzarse en dos años, cuando ya el capital político de esta gente esté por el piso y se forme el trepa que sube otra vez.
Quedan varias preguntas en la mesa. Uno, con qué piensa el gobierno generar el chen chen que prometió Mulino si no reestablece esta actividad. Dos, ¿qué pasa con esos empleos perdidos? Y tres, ¿cómo el Estado va a cumplir con su aporte al Seguro si ya no hay mina y tantos miles de contribuyentes ya no cotizan?
Ademas, ¿qué pasa con los arbitrajes? Hay unos iniciados, otros por presentarse, y eso al final se estima que puede alcanzar reclamos hasta por $30 mil millones. ¿Qué va a pasar con eso? ¿El Estado está dispuesto a litigarlos?
Pero más importante aún, ¿qué es abrir para cerrar? ¿Abrir para permitir una explotación minera que genere los ingresos para poder pagar el cierre? ¿Y abrir para encargar a qué empresa de la operación minera? ¿A misma que la Corte dijo que no podía tener esa concesión sin licitación? ¿O hasta que abran las licitaciones la manejará el Estado? O si la vamos a cerrar del todo, ¿de dónde saldrá la plata para eso?
Nos guste o no, esto nos impacta a todos, incluyendo al Seguro. Y el Estado tiene que tomar decisiones. Por más que no puedan satisfacer a todos, cuando toca actuar toca actuar.