El pasado 4 de diciembre se realizó un excelente evento de la International Fiscal Association (IFA), capítulo de Panamá. En el panel No 6 de la tarde, uno de los expositores dijo que, por la entrada en vigencia en Panamá del intercambio automático de información financiera con fines fiscales, se habían retirado del Centro Bancario 900 millones de dólares, sin especificar si se refería a activos o solamente a depósitos.
Como no se explicó nada más, quedó en el ambiente una sensación de catástrofe ante el impacto que podría tener en el Centro Bancario el cumplimiento del país en materia de transparencia.
En muchas ocasiones, he escuchado afirmaciones catastrofistas similares por parte de personas que pretenden asociar el cumplimiento del país en materia de transparencia, con una supuesta degradación de la solidez del Centro Bancario.
Lo que dicen es una falacia retórica, que busca simular un impacto mayor, para recabar apoyos en su causa de frenar el cumplimiento. Las evidencias no respaldan esa visión apocalíptica, como lo demostramos en este comentario.
Una de las primeras personas, sino la primera, que se interesó en abordar este tema ha sido el Dr. Carlos Barsallo, quien, con la objetividad que le caracteriza, realizó en 2023, una comparación entre las variaciones interanuales de los activos del Centro Bancario y los cumplimientos frente al Grupo de Acción Financiera (GAFI), relacionados con la prevención de blanqueo de capitales.
El cuadro que el Dr. Barsallo difundió muestra que en los 22 años que van del año 2000 al 2022, los activos del Centro Bancario sufrieron caídas, con respecto al año anterior, solamente en 2002, 2003 y 2017.
En esas décadas, los años de mayor disminución de activos fueron 2002 y 2003, que son años en que Panamá no estuvo en la lista de GAFI. Por contraste, el año 2014 fue el año donde se dio el mayor aumento de activos en el centro y resulta que en ese año sí estábamos en la lista de GAFI. El Dr. Barsallo dejó demostrado que no hay una correlación entre los cumplimientos de GAFI vis-à-vis al aumento o disminución del nivel de activos en el Centro Bancario.
Usando ese método de referencia, revisemos ahora los niveles de activos del Centro Bancario contra algunas fechas claves en la cadena de cumplimiento con respecto a transparencia fiscal. Para respaldar algunas ideas, también usaremos otro dato estadístico muy importante: La procedencia de depósitos extranjeros del Centro Bancario. Todas las cifras son oficiales de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La primera oleada de convenios bilaterales internacionales, que permitió el intercambio de información fiscal a requerimiento, entró en vigencia durante el periodo que va de 2011 a 2014. Una totalidad de 23 acuerdos. En cada uno de esos 4 años, los activos del Centro Bancario aumentaron.
De hecho, como señaló el Dr. Barsallo, el año 2014 fue el año de mayor aumento, pasando de US$97,922 millones en 2013 a US$108,660 millones en 2014, es decir, un incremento de US$10,738 millones.
El 4 de mayo de 2015 se implementó la inmovilización de acciones al portador de las sociedades anónimas. Sin embargo, los activos totales del Centro Bancario aumentaron desde US$117,188 millones en 2015, a US$121,039 millones en 2016. Un incremento de US$3,851 millones.
El 2017 fue el primer año en que Panamá realizó intercambio automático de información financiera con fines fiscales. En esa primera ocasión fue exclusivamente con los Estados Unidos, con base en el Acuerdo Intergubernamental entre ambos países para implementar la Ley FATCA.
La información intercambiada fue, entre otras, la del año fiscal 2016. En el año 2017 se produjo una reducción en los activos bancarios respecto al año anterior en la cantidad de US$1,330 millones.
Con respecto a este punto, es muy probable que los catastrofistas digan que ese decaimiento tiene una relación con el citado cumplimiento en materia fiscal. Yo discrepo de ese enfoque tan simplista. Me explico a continuación.
En primer lugar, si el inicio del intercambio de información por FATCA hubiera provocado esa caída de activos en el Centro Bancario en 2017, la caída hubiera continuado, en la medida en que tales intercambios siguieron y siguen. Pero eso no pasó.
La prueba está en que en el 2018 de inmediato se recuperaron los activos y llegaron a US$121,495 millones, no solamente superando al 2017 sino también al 2016, que había logrado una cifra de US$121,039 millones, de tal modo que en los tres años que van de 2016 a 2018, se produjo un aumento neto de US$456 millones.
Nuestro planteamiento se fortalece si tomamos en cuenta que, a partir de 2018, se continuó intercambiando información financiera automática con fines fiscales con varias decenas de países, además de Estados Unidos, bajo una convención multilateral. Ese intercambio automático iniciado en 2018 se refería a información del año 2017 y también ha continuado todos los años desde entonces.
Por otra parte, desde 2017 el intercambio de información fiscal a requerimiento dejó de ser un asunto bilateral entre Panamá con 26 jurisdicciones, para convertirse en un asunto multilateral con 149 jurisdicciones.
Volviendo a los razonamientos aplicables a la caída y luego reactivación de la cantidad de activos del Centro Bancario en los años 2017 y 2018, es importante también agregar al análisis una explicación que otros han hecho y que yo comparto, a saber:
Se trata de la teoría del reacomodo o ajuste en dos tiempos: efectivamente algunos capitales extranjeros que no querían transparencia probablemente deciden retirarse de Panamá en 2017, sin embargo, los que no se ven afectados con el cumplimiento y hasta lo desean, se quedan.
Además, vienen a Panamá nuevos capitales precisamente atraídos porque existe más transparencia. El saldo neto es que, a partir de 2018, la transparencia y el cumplimiento aplicado favorece el incremento anual de los activos del Centro Bancario.
En 2019 también entró en aplicación en Panamá otro mecanismo de transparencia fiscal que se mantiene desde entonces. Se trata del Reporte País por País, en el cual grandes corporaciones multinacionales deben revelar aspectos esenciales de su manejo financiero con impacto fiscal por cada jurisdicción donde operan.
Esta información también se intercambia entre países. Pese a que Panamá inició este intercambio en 2019 con datos de 2018, los activos del Centro Bancario se incrementaron, pasando desde US$124,987 millones en 2019 a US$130,352 millones en 2020.
En todo caso, la realidad es que, con todo y la implementación de todas las medidas referidas de transparencia fiscal, desde el 2018 hasta el presente, todos los años los activos del Centro Bancario han seguido creciendo. A septiembre de 2024 alcanzaron la cifra de US$151,642 millones.
Simplemente, no existe forma alguna de demostrar que los cumplimientos de transparencia fiscal, han afectado negativamente los activos del Centro Bancario de Panamá.
En nuestra opinión, es lógico que los activos sigan subiendo, pese a los cumplimientos de Panamá en materia fiscal, teniendo en cuenta el análisis cualitativo que a continuación sustentamos, usando ahora como referencia el dato estadístico de la procedencia de los depósitos extranjeros del Centro Bancario.
Como muestran las cifras oficiales, los depósitos extranjeros del Centro Bancario también han tenido un buen desempeño durante todos estos años, lo cual ha impulsado el crecimiento de los activos. En nuestra opinión, ello ocurre porque quienes depositan en Panamá, no lo hacen solamente por motivos de optimización tributaria, como muchos argumentan.
También lo hacen por la estabilidad monetaria que ofrece Panamá, comparada con economías y sociedades políticamente más agitadas. Además, por motivos de seguridad personal y para garantizar una sucesión más flexible del patrimonio familiar.
Prueba de lo anterior es que, desde hace muchos años, la gran mayoría de los depósitos extranjeros del Centro Bancario provienen de países latinoamericanos, todos con características políticas y económicas ya conocidas.
Por ejemplo, en 2024, de los 10 países más importantes en procedencia de depósitos, 9 son latinoamericanos, encabezados por Colombia, Venezuela y Ecuador.
El caso de Colombia merece un comentario especial porque es una jurisdicción muy importante para Panamá. Colombia ha sido el país líder en depósitos extranjeros del centro, lo fue en 2010 y lo siguió siendo en 2020.
Para nuestro análisis, resulta muy útil darle seguimiento a la situación de los depósitos de Colombia en el Centro Bancario de Panamá, en comparación con los cumplimientos en materia fiscal.
A partir de 2017 inició el intercambio a requerimiento con Colombia y desde 2020 hay intercambio automático de información con el vecino país. Pese a ello, su liderazgo en depósitos se ha mantenido de forma robusta. A octubre de 2024 es el líder absoluto, muy lejos del segundo lugar.
Termino con dos comentarios adicionales:
Pese a que nuestro Centro Bancario cumple con estándares de Basilea, lo primero que ocurre cuando sectores distintos a los bancos, no cumplen en transparencia, es que somos sancionados con la limitación de acceso a los bancos corresponsales. Es decir: los bancos cumplen, otros no cumplen y los bancos quedan afectados.
Finalmente, es bueno recordar que los requerimientos de cooperación internacional en materia fiscal recibieron un impulso grande a partir de la crisis financiera de 2008, sin embargo, muchos años antes, esa colaboración internacional ya era necesaria.
Por eso, muchas jurisdicciones que no colaboraban, como era el caso de Panamá, para 2008 ya tenían un gran desprestigio. Esa realidad le había dado un golpe grande al Centro Bancario de Panamá mucho antes del 2008.
Ese impacto se refleja con claridad, por ejemplo, en la cantidad de bancos europeos. Para 1990 Panamá tenía 25 bancos europeos. Sin embargo, en 2010 solamente quedaban 8. Hoy solamente hay 7 bancos europeos, 2 de ellos en proceso de liquidación forzosa.
En conclusión, un enfoque realmente objetivo va en la dirección totalmente contraria a la que han promovido los catastrofistas. En efecto, el impacto negativo al Centro Bancario verdaderamente aparece cuando no cumplimos con los estándares internacionales de transparencia fiscal.
El autor es abogado, experto en tributación y fue jefe de la Dirección General de Ingresos entre octubre de 2014 y febrero de 2018.