La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció el 8 de julio pasado la asignación de $1,600 millones para construir un reservorio multipropósito de agua en río Indio y las instalaciones complementarias que pondrán fin, en un plazo de seis años, a las periódicas crisis de agua para el consumo humano en la región metropolitana y las operaciones del Canal. Al acometer el proyecto, lo hará poniendo por delante los intereses y necesidades de los pobladores de las áreas que serán inundadas. La viabilidad se produce tras fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2024, declarando inconstitucional la Ley 20 de 21 de junio de 2006, devolviéndole a la ACP las 213,111 hectáreas que le había restado mediante esa ley, lo que ubica a Río Indio dentro de las 552,761 hectáreas que conforman su cuenca.
Actualmente operan en el lago Gatún cinco plantas potabilizadoras, mientras que otra opera en el lago Alhajuela; en conjunto extraen el equivalente a ocho tránsitos diarios. Además, hay dos en construcción y una tercera en expansión, que dentro de dos años aumentarán la demanda a unos 12 tránsitos por día. Frente a esa creciente presión, y en cumplimiento de su política de privilegiar el agua para consumo humano, la agencia canalera sacrifica calado y número de tránsitos diarios para satisfacer las necesidades de agua potable de la población.
Debido a la creciente recurrencia del Fenómeno de El Niño, en los últimos años tanto el volumen como la frecuencia de lluvias han disminuido drásticamente, lo que ha afectado los afluentes de los lagos. Ellos abastecen al 60% de la población de Panamá, concentrada principalmente en la región metropolitana, Colón, La Chorrera y Arraiján, pero hoy día se ha copado su capacidad. Para agravar las cosas, las altas temperaturas récord generadas por el cambio climático han aumentado a niveles sin precedentes las tasas de evaporación de los espejos de agua.
La demanda de agua en exceso de la disponibilidad que ya se avizoraba desde fines de la década de 1990, ha llevado tanto a las autoridades del Canal como a las del gobierno central a explorar fuentes alternas. El proyecto de río Indio, aunque identificado anteriormente, surge del contrato firmado en 2017 por MiAmbiente con la ACP para que esta agencia estudiara las fuentes de agua en río Indio, Azuero y Veraguas y en el lago Bayano; para estos estudios se tomó como insumo de referencia el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, que consiste en “un diagnóstico sobre los recursos hídricos del país”.
El contrato consistió en la preparación, coordinación, ejecución y supervisión de los estudios necesarios para la gestión integral de la cuenca del río Indio y la elaboración del diseño conceptual de un reservorio multipropósito en el tramo medio de Río Indio. Un componente vital, al que la administración de la ACP concede especial relevancia, consiste en las relaciones y consultas con las comunidades afectadas (El Limón, Tres Hermanas, Boca de Uracillo y San Cristóbal), formadas por poco más de 2,000 personas. En la evaluación del proyecto realizada en 2020, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elogió el desempeño de la ACP y reconoció “la confianza construida con las comunidades a lo largo del proceso”.
Dada su alta credibilidad y la excelente relación que tiene con las comunidades de la cuenca, no me cabe la menor duda de que la ACP alcanzará los acuerdos necesarios para llevar adelante el proyecto. A manera de ejemplo, cuando la ACP ejecutaba el tercer juego de esclusas y se hizo necesario elevar el nivel de Gatún de 87.5 a 89 pies, llevó a cabo un levantamiento de la información de las comunidades, estructuras comunitarias públicas y privadas, y viviendas en 42 comunidades ubicadas a orillas del lago, para identificar cuáles serían afectadas; luego, con esa información, puso en práctica el plan para reubicar a residentes en las riberas del lago, y corregir y reubicar estructuras como puentes, talleres, muelles, letrinas, aceras y veredas, con la debida información de los involucrados. En el caso de aquellas viviendas que se verían afectadas, los pobladores recibieron sus títulos de propiedad, y se les construyeron casas de mampostería, en reemplazo de las afectadas, mejorando así sus viviendas. Hoy día viven en mejores condiciones de vida, respetando su medio y estilo de subsistencia. Ello forma parte de la estrategia de gestión socioambiental, mediante la cual la agencia canalera brinda asistencia a pobladores de la cuenca en sus actividades productivas.
Al anunciar la ejecución del proyecto, el administrador de la ACP, Ricaurte “Catín” Vásquez, subrayó que “el Canal respetará los derechos de propiedad de los moradores”. De los $1,600 millones presupuestados para el proyecto, unos $400 millones han sido destinados a atender el proceso social y de reubicación de las personas. Conforme se ha proyectado, el primer año y medio será dedicado a atender los temas socioambientales y los próximos cuatro a la ejecución del proyecto que incluye una represa, un túnel de transferencia al lago Gatún y una instalación para descarga con planta generadora. Se calcula que este proyecto resolverá las necesidades de agua del Canal y la región metropolitana por los próximos 50 años.
El autor es periodista
