La profesión legal en Panamá enfrenta una crisis de calidad. El problema central es la obsolescencia formativa, un desafío estructural que exige un cambio radical. El país necesita profesionales especializados y con una ética sólida para navegar el complejo entorno global y digital.
Esta demanda de excelencia se vuelve más urgente al considerar la percepción histórica del abogado. Tal como documentó el insigne jurista panameño Jorge Fábrega Ponce en su obra Abogados y jueces en la literatura universal, desde la sátira clásica romana y las obras de Cervantes hasta la cultura popular contemporánea, la figura del jurista ha sido a menudo caricaturizada como retórico, frío, codicioso o, en el peor de los casos, un manipulador del lenguaje dispuesto a alargar pleitos por beneficio propio. Este estereotipo negativo, alimentado hoy por la ineficacia de los sistemas judiciales, socava la confianza pública y colisiona con el verdadero rol del abogado: ser un guardián íntegro del Estado social de derecho.
El ejercicio del derecho ha superado el formalismo. Hoy, el abogado debe ser un estratega y garante activo del Estado social de derecho, un rol que exige una visión integral frente a los desafíos globales. Es indispensable la experticia en áreas emergentes como el Derecho Digital, la Ciberseguridad, la Bioética y la Biotecnología, con especial atención a las implicaciones éticas de la inteligencia artificial (IA), la ingeniería genética, las libertades y la privacidad. Asimismo, la globalización y el cambio climático imponen exigencias complejas e impostergables para la sostenibilidad y el desarrollo de la vida en el planeta.
Por otro lado, los mecanismos de solución de conflictos apuntan a cambios significativos basados en la oralidad, la inmediación y la contradicción. Esto requiere el desarrollo de habilidades de litigación oral y argumentación estratégica, fruto del pensamiento analítico y crítico. Si la formación universitaria ignora estas competencias, se corre el riesgo de formar profesionales ineficaces.
La disparidad en la calidad profesional surge de la masificación de la carrera y la deficiente fiscalización educativa. La solución debe comenzar en el origen: la enseñanza. Es crucial que las entidades responsables ejerzan plenamente su potestad de certificación de la calidad de la formación universitaria. Esto implica que las Facultades de Derecho deben elevar la calidad de la educación, sus contenidos y pertinencia, en relación con el desarrollo económico, social y político que Panamá puede y debe alcanzar. Ello incluye exigir la actualización permanente de los programas de estudio y garantizar un profesorado con los más altos niveles de formación y excelencia académica acreditada.
En este contexto, el Examen de Idoneidad Profesional (actualmente el Examen Profesional de Acceso) o cualquier filtro de evaluación futuro debe concebirse como un mecanismo para fortalecer un estándar mínimo de competencias técnicas y éticas. Estos exámenes deben funcionar como la última barrera de protección social contra la incompetencia. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), responsable de otorgar la idoneidad profesional mediante su Sala Cuarta, tiene el deber de asegurar el rigor y la pertinencia de este proceso, orientándolo hacia las competencias que exige el futuro.
El ejercicio del derecho es una libertad condicionada por la responsabilidad, lo que exige mecanismos de control ético transparentes e implacables. Aunque la potestad sancionadora de la CSJ es irrenunciable (Fallo N.º 285 de 2001), la lentitud de los procesos del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y de la Sala de Negocios Generales de la CSJ alimenta la percepción de impunidad, lo que constituye una debilidad estructural. Es imperativo que la CSJ demuestre mayor eficiencia, especialmente desde que la eliminación de la colegiatura obligatoria concentró la carga disciplinaria en el Órgano Judicial.
Para fortalecer la libertad del ejercicio profesional, la abogacía panameña no requiere menos filtros, sino mejores. El camino pasa por una reforma integral que incluya la certificación de la calidad desde el origen, el aumento del rigor en los mecanismos de otorgamiento de idoneidad, la celeridad en la justicia disciplinaria y la promoción de la educación legal continuada obligatoria.
Solo elevando la exigencia en cada punto de control se garantizará que la libertad de ejercer la abogacía esté ligada a la excelencia académica, la competencia práctica y el compromiso inquebrantable con la ética.
El autor es doctor en Derechos Fundamentales, abogado, docente universitario y secretario general de Udelas.
