Suena constitucional pedir un amparo de garantías. Parece, bajo el barniz de los términos jurídicos, que la presidenta de la Asamblea quiere proteger “la democracia” y hasta defender a los ¿honorables? de “un chantaje permanente”. El uso constitucional parece pertinente pero, cuando vamos al fondo del asunto, detectamos que es solo un abuso: quieren esconder qué han hecho con nuestro dinero a través de la tristemente famosa planilla 080.
Según publica la Contraloría, entre 2014 y 2019 los diputados se gastaron 166 millones de nuestros dólares en planillas y donaciones en las que figuran familiares y amigos de los ¿honorables? Pero la ¿honorable? presidenta abusa de la Constitución y escamotea a la Contraloría la posibilidad de auditar qué es lo que hay debajo de ese montón de privilegiados a costa del dinero público.
Pero llegó la hora: la justicia falla en contra del amparo de la ¿honorable? y ahora hay vía libre para que sepamos en profundidad qué es lo que ha ocurrido en el periodo 2017-2019 ¡oh casualidades de la vida!, que corresponde con la regencia de la presidenta, paladina de nuestra democracia.
El que no la debe no la teme. Por muy constitucional que parezca un amparo, es cuestionable solicitarlo cuando de lo que se trata es de impedir que se sepa cómo se han gestionado los recursos de todos. Estoy convencido de que si todo estuviese en orden y el resultado beneficiase a la imagen de la ¿honorable? no habría petición de amparo pero, como dicen los expertos (en latín), “excusa no pedida, acusación manifiesta”.
Abusar de la Constitución la deteriora y compromete el buen funcionamiento de la democracia. Tanto es así que la imagen que se proyecta es la de que cualquier corrupción se ajusta a derecho y defiende mejor al corrupto y al corruptor que al ciudadano que busca cumplirla y hacerla cumplir desde las instituciones. Y esa imagen, no lo duden, es la previa al caos y al desgobierno.
El autor es escritor
