Ante la negativa de la presidencia de la Asamblea a proporcionar de manera completa la información sobre planillas de gastos por 200 millones de balboas, solicitada por la Contraloría y la opinión publica, el país se pregunta si se trata de un organismo que cumple con las funciones legales y políticas que le atribuyen la Constitución y las leyes de nuestro país, o de un conjunto de personas al margen de la ley que tienen entre sus actividades relevantes aprovecharse para beneficio personal del erario público con fines de reelección y de enriquecimiento personal.
Cuán cierta es la atribución de ausencia sistemática de diputados a las sesiones, la baja productividad en cantidad y calidad del trabajo, el cobro de comisiones al personal de servicio, la obligación de trabajo gratuito en actividades particulares de los diputados, el conflicto de intereses económicos del diputado con actividades del sector público o privado, salarios a suplentes de diputados que no corresponden a un trabajo efectuado, posible clientelismo político por medio de contrataciones de personal y partidas para la colocación de personal y ejecución de obras que no corresponden a las funciones legales de la Asamblea, a través de las alcaldías, juntas comunales y representantes de corregimiento y otras organizaciones del sector público, desacato a fallos de la Corte Suprema de Justicia que ordenan la divulgación detallada de información, uso equívoco y no explicado de partidas de gastos de la Asamblea en pagos de salarios supuestos o reales, u otros tipos de gastos de consumo, nombramiento de familiares de diputados en cargos de la administración pública, presión a otras organizaciones de la administración pública para el empleo de familiares y allegados a los respectivos partidos políticos, y gastos en viajes cuya justificación no llega a establecerse.
¿Tiene la Asamblea un plan de ataque y un plan de fuga? El primero, por el acceso a recursos del sector público que ella misma establece como prerrogativas propias o que son producto de acuerdos con el Órgano Ejecutivo por intermedio y la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas, y la falta de fiscalización completa y oportuna de la Contraloría General de la República. El plan de fuga, la sombra letal pero protectora de ese árbol de manzanillo que son los partidos políticos y el compromiso de impunidad con la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual ambas instituciones solamente pueden investigarse o juzgarse recíprocamente.
Comparando estas presuntas actividades punibles de la Asamblea Nacional y algunas organizaciones criminales tradicionales como son las pandillas y las mafias se concluye que estas corren todos los riesgos, mientras que la Asamblea tiene poco o nada que exponer en términos de impunidad, transparencia, rendición de cuentas, apropiación de fondos ajenos, pagos de rescates y blanqueo de capitales.
Y finalmente, la pregunta angustiosa de la comunidad panameña. De ser ciertos los cargos contra los diputados , ¿cuántos de ellos han sido investigados, encausados o condenados a prisión y a devolver el dinero robado? ¿Qué expectativa tenemos de que se aplique justicia en el futuro? ¿Seguirá el país secuestrado por lo que algunos consideran una banda criminal? ¿Qué responsabilidad cabría al Órgano Ejecutivo por propiciar el mal uso de fondos públicos por parte de los diputados, y a la Corte Suprema de Justicia por no hacer cumplir sus fallos a la Asamblea? ¿Y a la Contraloría General de la República por acción extemporánea o imprecisa en la fiscalización de los fondos públicos por parte de la Asamblea y otros organismos oficiales? ¿Qué tipo de acción política debería tomar el pueblo panameño para prohibir la reelección de los diputados? ¿Tiene ya el electorado el suficiente grado de conciencia moral y política para no elegir o no reelegir a diputados ineficientes o deshonestos?
El autor es ciudadano
