El tema está de moda gracias al PH Crystal y a la insistencia con la que durante años sus copropietarios lo han venido denunciando en redes sociales. Esa insistencia despertó la curiosidad de los medios de comunicación y entonces de carambola las autoridades asumieron su rol. No obstante, otros no hemos corrido con la misma suerte o, tal vez, no hemos sido tan insistentes. Personalmente viví en un edificio en el que alguien, con aires de Paris Hilton, quiso jugar a ser hotelero. Dividió una unidad inmobiliaria en muchos cuartitos, y aun cuando me tocó hacer las denuncias a las autoridades (sí, con “s”, porque fueron plurales) nunca pasó nada. Es como si estuvieran entretenidos cazando pokémones. Tanto fue la inercia de las autoridades, y tan bueno fue el negocio hotelero, que ahora el “Hilton” abrió una sucursal en otro apartamento del mismo edificio, al asociarse a otro vecino y juntos agrandaron el negocio.

Confieso que el negocio ya no es hotelero. Cuando finalmente la Autoridad de Turismo acudió al inmueble, por las denuncias que realizara el edificio, el emprendedor vecino cambió los alquileres por plazos mayores de 45 días, para no estar bajo la competencia de esa autoridad. Como si por el solo hecho de alquilar por 46 días los problemas y molestias del resto de los vecinos desaparecerían automáticamente. Ahora debe ser alias Trump, por el emporio de habitaciones de alquiler que juntos tienen. Si creen que mi mudanza fue la solución, ¡pues no! La casa vecina a la que me mudé con mi familia para tener tranquilidad y seguridad, hizo lo mismo luego de un año. Lógicamente, los medios noticiosos han alborotado el tema. Más rápido que Speedy González, las autoridades montan un operativo y desarticulan un negocio de explotación sexual en la misma área del PH Crystal. Con la misma velocidad, al día siguiente aparece en el noticiero matutino, el director de Propiedad Horizontal del Miviot, casi diciendo que la culpa de la existencia de hoteles, hostales, unidades inmobiliarias dentro de un edificio divididas en cuartitos, o como quieran llamarlos, es de las juntas directivas y de los administradores de los edificios. Como dirían en campaña: “¿Guuaattt?”. Según las noticias, el PH Crystal viene denunciando sus problemas desde hace cuatro años. Si las autoridades no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta y no quisieron hacer nada, no veo otro culpable. La junta directiva y el administrador serán el primer actor de este problema, tal como lo comentó el funcionario, pero eso no excluye a las autoridades de la película (incluyendo al Miviot).

Hace poco, como abogado en representación de un cliente, traté de incluir en un reglamento de copropiedad la obligación de los copropietarios, en caso de querer alquilar sus unidades, de realizar un informe de debida diligencia y presentarlo a la junta directiva. La idea era que la junta directiva tuviera conocimiento de quienes estén viviendo en el edificio y minimizar el riesgo de alquileres a personas con pasado dudoso.

Lamentablemente, la Dirección de Propiedad Horizontal lo rechazó, argumentando que “restringe el derecho que ostenta el propietario de una unidad inmobiliaria dentro del régimen de propiedad”. Y es que el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal estipula que el reglamento no puede establecer disposiciones que limiten el derecho de los propietarios a realizar cualquier acto jurídico con sus unidades (incluyendo el derecho a alquilar). La verdad, en este caso en particular, no se buscaba eliminar el derecho a los propietarios a arrendar su propiedad, sino más bien darle al resto de los propietarios el derecho a saber a quién iban a tener de vecinos.

El problema que están sufriendo los vecinos en un régimen de propiedad horizontal no es exclusivamente el turismo sexual. Ese es el problema agravado a su máximo esplendor. El solo hecho de que un vecino utilice su unidad inmobiliaria para un fin distinto al descrito en el reglamento de copropiedad y/o el dividirla para poder arrendarla a múltiples personas, ya trae consigo grandes molestias al convivio entre vecinos. Empezando con problemas de seguridad, pero también pasando por el desgaste acelerado de los bienes y servicios comunes, falta de estacionamientos, entre otros.

Paralelo a este problema están: el permitir que se utilicen propiedades para negocios con zonificación restringida para uso habitacional; dejar que los promotores inmobiliarios vendan apartamentos con “área de piano” para luego, en contrato separado con el comprador, acordar cerrar dicho espacio y que sea utilizado como habitación adicional, incumpliendo las normas de zonificación y el mínimo de estacionamientos que se debe destinar a la unidad (suena ridículo, pero por increíble que parezca, pasa de forma literal).

Todo lo descrito en este artículo de opinión está prohibido en la legislación panameña. Los ciudadanos lo sabemos y lo denunciamos. Pero las autoridades, lamentablemente, no lo sancionan ni toman una actitud proactiva para eliminar estas actividades ilícitas.