En un artículo publicado en la edición de noviembre de 2014 de la revista Recursos bajo el titular “Urge restaurar la justicia”, citaba la siguiente frase pronunciada por la politóloga y socióloga mexicana María Marván Laborde, a propósito de la crisis que enfrentaba y aún enfrenta la justicia en su país: “la fortaleza y la honestidad del poder judicial son indispensables en un régimen que pretenda ser calificado como democrático”.
La cita surgió a propósito de la arremetida del pasado gobierno contra el sistema de justicia, para someterlo a su voluntad. Es lo que ocurrió en el periodo 2009-2014, cuando el expresidente Ricardo Martinelli se las ingenió para controlar al Órgano Judicial y al Ministerio Público, con el propósito de asegurar la impunidad de quienes, durante ese lustro, incurrieron en actos de corrupción. En su embestida comenzó por ignorar el Pacto de Estado por la Justicia suscrito en 2005 entre los tres órganos del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Civil, a fin de reestructurar y modernizar el sistema judicial para que fuese independiente, transparente y eficiente.
La designación por el presidente Juan C. Varela de la procuradora Kenia Porcell resolvió el problema en el Ministerio Público. Pero en el Órgano Judicial el presidente desaprovechó la oportunidad que le ofrecía la designación de dos magistrados para iniciar la depuración de la Corte Suprema de Justicia. Sus designados dieron una pésima señal cuando, poco después de ser juramentados, propusieron la reelección del cuestionado magistrado José Ayú Prado como presidente de la CSJ. Las apariencias engañan, pero en este caso ese acto arrojó fuertes sospechas sobre las verdaderas intenciones del mandatario.
De nada sirvió que las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la evaluación de los 10 candidatos enviaran señales claras al Ejecutivo sobre los más calificados. Este se dejó vencer por la tentación de nombrar a quienes parecían ser los más vulnerables a la influencia del poder político. Los obstáculos que enfrenta el Ministerio Público para avanzar los graves casos de corrupción de exfuncionarios y allegados al pasado gobierno, parecieran dar sustento a esas sospechas.
La corrupción en los sistemas de justicia y su impacto en la democracia y en la lucha contra la pobreza ha sido estudiada por organismos nacionales e internacionales. La Fundación Open Society Institute, con sede en Washington, D.C., financió en 2005 el estudio “Controles y descontroles de la corrupción judicial”, realizado en Centroamérica y Panamá por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés).
El estudio identifica dos tipos de corrupción en el sistema de justicia panameño: la aislada que practican funcionarios o empleados judiciales a título individual, y la sistemática que practican funcionarios o grupos de personas. Esta, la más grave y arraigada, “se caracteriza por la adopción o emisión de decisiones judiciales motivadas por la condición personal del acusado o de la víctima…”. Para ello utilizan los espacios en blanco de las normas, las interpretaciones y la discrecionalidad no controladas, la impunidad y los privilegios.
La impunidad, la peor de las figuras, señala el estudio, tiene su fuente en la politización del sistema de justicia, la falta de independencia de las entidades encargadas de investigar y sancionar los hechos de corrupción, así como en las leyes que la alientan como es la inmunidad de los diputados y los fueros electorales.
En semejante escenario, no me cabe la menor duda de que las estrategias que desarrollan en Estados Unidos el expresidente Martinelli y aquí, en Panamá, los exfuncionarios que lo acompañaron en el atraco a los recursos del Estado en el pasado quinquenio, no tiene otro propósito que el de dilatar los casos hasta pasadas las próximas elecciones en 2019, con la esperanza de un cambio de gobierno que les sea favorable.
Por ello resulta imperativo que la sociedad civil, especialmente los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, se active para apoyar al Ministerio Público en la investigación de los casos de alto perfil, y para presionar a la CSJ, a fin de que no repita “incestos jurídicos” como el fallo anulando parte del proceso por irregularidades en la multimillonaria compra de 19 radares a una filial de la empresa italiana Finnmecánica. Como bien sostienen los prestigiosos juristas Carlos B. Pedreschi y Mario Galindo, ese fallo contradice uno emitido por los mismos magistrados el 6 de abril de 2017. De imponerse la impunidad, Panamá terminará siendo un país ingobernable manejado por los corruptos.
El autor es periodista
