En tiempos en que la comunidad nacional exige fortalecer la institucionalidad del país para asegurar la separación de los poderes y la eficacia de los pesos y contrapesos propios de una democracia funcional, la experiencia tenida en 16 años de manejo del Canal por Panamá nos impone la necesidad de revisar el título constitucional y la ley orgánica del Canal de Panamá. Esa inquietud la expuse, por primera vez, el 1 de noviembre de 2012 en artículo publicado en La Prensa, bajo el título, “Urge volver al diálogo nacional”. Para entonces resultaba evidente que el expresidente Ricardo Martinelli había tomado el primer paso hacia el eventual control de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Si el electorado no hubiese actuado con sabiduría, evitando su reelección a través de la nómina integrada por José D. Arias y Marta de Martinelli, a estas alturas ese objetivo se hubiese materializado. En efecto, a Martinelli le correspondió designar a 8 de los 11 miembros de la junta directiva, y si hubiese sido reelecto al partido de su propiedad, le habría correspondido designar a los otros tres, cuando en febrero de 2016, vencieron los periodos de Adolfo Ahumada, Ricardo De la Espriella y Guillermo Chapman.
Cabe observar que tres de los designados por Martinelli fueron cuestionados por la sociedad civil. Dos de ellos enfrentan investigaciones del Ministerio Público por delitos penales, y el tercero fue acusado de conflictos de interés, al igual que uno de los dos primeros. Como resultado de estas designaciones, desde el seno de la directiva, y a pesar de que la ley orgánica y el reglamento interno lo prohíben, ha salido información contra proyectos que se han ventilado en su seno, como son la instalación de un incinerador en Rodman y una planta de gas en Colón, y el desarrollo de un puerto en Corozal. Incluso, a través de los medios, se conoció que un directivo, violando normas de ética y conducta, se reunió con un “sindicato” para impulsar la destitución del administrador de la ACP.
No me cabe la menor duda de que si en las elecciones hubiese sido reelecto Cambio Democrático, Quijano ya habría sido reemplazado por un allegado al expresidente, y el contrato con GUPC para construir el tercer juego de esclusas habría sido echado a un lado, como sugirió en su momento el contratista apoyado por la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, para aplicar en su lugar la Ley de Contrataciones Públicas. Ello habría dado paso a la aprobación de los sobrecostos alegados por GUPC. La única razón por la que no se impuso la tesis del consorcio fue porque Quijano se apegó al contrato, y en esta posición vertical fue apoyado por la mayoría de la junta directiva. Esa posición y el impulso por la ACP del proyecto portuario de Corozal le han ganado muchos infundios y calumnias de quienes, directa o indirectamente, favorecen los intereses de Panama Ports Co.
No es aceptable, bajo ningún punto de vista, que directivos estén conspirando desde adentro contra la institución y en detrimento de los intereses del país, combatiendo proyectos de agenda nacional, como el puerto de Corozal. Peor aún, ni el fiscalizador general, ni la mayoría de la junta directiva ni el Ejecutivo se han atrevido a tomar acción contra quienes han violado la ley orgánica y el código de ética de la ACP. Solo con aplicar la norma que prohíbe a los miembros “utilizar con fines de provecho propio o de terceros la información o datos reservados conocidos por razón de su cargo”, habría bastado para separar al menos a un directivo.
La censurable práctica le causa grave daño a la institucionalidad de la ACP y a la imagen del país, cuyo desarrollo depende en gran medida del óptimo aprovechamiento del potencial que brinda su posición geográfica, potenciada con la ampliación del Canal. Por esto, es imprescindible restituir la institucionalidad de la agencia canalera, mediante reformas al título constitucional y a la ley orgánica.
Desde mi perspectiva, el número de miembros de la directiva debería reducirse de 11 a 9 y su periodo de nueve a siete años. Por otra parte, en esta deben estar representadas la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, el Colegio de Economistas y la Cámara Marítima. Tres miembros serían designados libremente por el Ejecutivo y uno representaría a la Asamblea Nacional. Esta estructura la liberaría del control de la nefasta influencia político-partidista, que amenaza su institucionalidad.
En cuanto a la ley orgánica, esta debe ser precisa en la aplicación de sanciones, incluso la separación temporal o definitiva del cargo de directivos investigados por delitos administrativos o penales, o contra quienes incurran en faltas al reglamento interno y/o al código de ética. El mecanismo para esos cambios tan necesarios deberá emular la exitosa experiencia histórica de los diálogos de Coronado.
