Panamá pasa por uno de los momentos más decisivos de su historia: se enfrentan en una lucha sin cuartel quienes aspiran a recuperar la institucionalidad, la vigencia de la justicia y lograr las transformaciones necesarias para modernizar al Estado, y quienes intentan mantener la crisis institucional y de la justicia.
La lucha es desigual, pues los delincuentes de cuello blanco cuentan con enormes recursos que utilizan para consolidar la impunidad de que han disfrutado históricamente.
En un artículo de su blog titulado “¿Cómo entender la aterradora falta de conciencia de los corruptos?, el sacerdote revolucionario Leonardo Boff deplora que muchos de aquellos que han privado al pueblo de buenos servicios de salud, educación y de acceso al desarrollo, “solo son denunciados, y por eso se ríen”, como lo hizo a fines de octubre desde la prisión El Renacer una decena de miembros del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.
Por sus propias características y las de sus autores, en muchos países la delincuencia de cuello duro ha sido difícil de detectar y castigar. En su obra, Cuello blanco y delito, el prestigioso jurista costarricense Álvaro Burgos hace un profundo análisis de ese tipo de delito, que el estudioso del tema Edwin Sutherland define como “crimen cometido por una persona de respetabilidad y un estatus social alto en el curso de su actividad profesional”. Usualmente son personas de clase alta o de fuerte poder político, acota Burgos.
Entre los delitos de cuello blanco más comunes figuran el soborno, caracterizado por el empresario que ofrece beneficios a cambio de un contrato; el abuso de información privilegiada, clásico en el caso Financial Pacific; fraude de valores, manifestado en varias empresas locales que colocaron bonos sin garantías; el fraude de quiebra para para lograr condonación parcial de compromisos financieros, y la colusión. Esta última ocurre cuando dos o más personas acuerdan términos de forma clandestina para perjudicar a un tercero, casi siempre el Estado.
Considera Burgos que “el costo social de los delitos de cuello blanco es, en proporción, mucho más grave que el costo de los delitos convencionales”, sustentado por informes de Naciones Unidas sobre el impacto de la corrupción. Pero, si es así, ¿por qué está tan arraigada la impunidad en esta clase de delincuentes?
Varios factores lo explican. La falta de conciencia en el ciudadano común sobre la trascendencia de los delitos cometidos por funcionarios corruptos; la imagen de honorabilidad que suelen tener en la opinión pública, agravado por el hecho de que el corrupto no pierde estatus entre sus iguales; la sanción privilegiada que suele recibir este tipo de delincuente en comparación con los delincuentes comunes; en ocasiones el autor es enmascarado por una persona jurídica, y el poder que generalmente ostenta.
Pero hay dos factores que, a mi juicio, pesan más aquí en la persecución de la corrupción. La escasa carga de emotividad que ella genera en el ciudadano vis a vis el delito común, y el uso de los medios de comunicación para manipular a la población, utilizándolos como vehículos sutiles para generar sospechas contra el órgano de instrucción. Este impacto se multiplica cuando los imputados cuentan con enormes recursos y la ventaja de que el sistema de justicia no puede ventilar los casos en los medios.
Uno de los recursos que, a juicio de Burgos, más efectivamente utiliza este tipo de delincuente, es lo que denomina “moral de frontera”, y que consiste en presentar la corrupción como práctica inevitable, tolerada por muchos a lo largo de la historia y, por lo tanto, no sancionable. Toda una falacia que encuentra terreno fértil en ciudadanos con escasa formación moral y en valores cívicos.
Este es el escenario que enfrentan los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han decidido, en buena hora, salir a la calle y luchar en todos los terrenos para poner un alto a la impunidad. En esta línea de acción complace que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en asocio con la Comisión de Justicia y Paz y la Universidad Santa María La Antigua, hayan creado un Observatorio del Sistema Judicial para monitorear el comportamiento del Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Debo confiar en que la justicia prevalecerá.
El autor es periodista.