Aunque las palabras que titulan este artículo parezcan tener igual definición, no es así. La comunidad internacional ya ha solicitado eliminar ese secreto sobre quién está detrás de una empresa, o sea, el anonimato.

Por su parte, la confidencialidad es lo que Panamá está peleando mantener. Esto quiere decir que el abogado que funge como agente residente de la sociedad sepa quién es el beneficiario final de esta, y que tenga que aportar dicha información al momento de que sea exigida por los canales legales adecuados y por la autoridad competente para solicitarla.

La confidencialidad tiene mucho sentido, primero porque la mayoría de las estructuras jurídicas ha sido utilizada para inversiones con fines lícitos. No obstante, en caso de que sean mal utilizadas, debe haber un mecanismo legal para saber quién es el accionista final que usa la estructura para cometer un acto ilegal. Como país, debemos defender la confidencialidad que siempre ha sido parte importante de nuestra plataforma financiera.

La confidencialidad trae transparencia, siempre y cuando sea efectiva la obtención de la información. El caso de Pele System Inc., me trae muchas sorpresas (ver publicaciones de días pasados de este mismo diario al respecto). ¿Cómo venderle al mundo la idea de que la confidencialidad en Panamá, bien legislada, es transparente, si ni siquiera el Estado panameño puede saber quiénes son los dueños de la empresa con la que contrató y, a la fecha, le ha cancelado un poco más de 31 millones de dólares?

Esto es un absurdo.

Olvidemos si hubo o no sobrecosto en la contratación, eso le tocará al Ministerio Público investigarlo. Alguien tiene que explicarle a las instituciones internacionales cómo podemos ser transparentes bajo la figura de la confidencialidad, si nuestro Estado no sabe ni siquiera quiénes son los beneficiarios finales de la empresa a la que le pagó poco más de 31 millones de dólares y que, además, nos da el sistema por donde corren bases de datos con información tan sensitiva, como son las de personas requeridas por la justicia, las placas de automóviles robados o placas falsas y los datos captados de las inspecciones que se realizan a los barcos con bandera panameña.

Este es solo un ejemplo de lo que tenemos que mejorar, antes de salir a la comunidad internacional con el plan de mejoras que haremos a las regulaciones de nuestra plataforma financiera y, específicamente, en materia de sociedades anónimas.

Nadie afuera va a creer que nuestro sistema de sociedades confidenciales funciona y es serio, si nosotros mismos no podemos saber con quiénes estamos contratando (que, por cierto, lo debimos saber desde antes de firmar el contrato con la empresa). El hecho de ajustar nuestra plataforma financiera no será suficiente, si no lo demostramos con hechos.

Yo sigo defendiendo la confidencialidad de los beneficiarios finales, pero siempre y cuando existan los canales adecuados para que, cuando la autoridad requiera la información por motivo de una investigación por delitos que lo ameriten, esta pueda obtener, de manera rápida y de forma legal, la información sobre quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad.

Muchos me dirán que esto ya existe, y concuerdo que es así. Pero y entonces, ¿cómo aún no sabemos a quiénes le confiamos una base de datos tan importante y le pagamos 31 millones?