Una de las características más preciadas de la democracia es la libertad de expresión. Tan es así que, cuando estaba en su fase final la revolución que dio lugar a la unión americana (1776), la legislatura de Virginia ensayó una precoz defensa de ella cuando sentenció que “la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la democracia”.
Quince años después, en diciembre de 1791, el Congreso de Estados Unidos adoptó la primera enmienda a la Constitución que, en su parte sustantiva señala: “El Congreso no dictará leyes… que limiten la libertad de expresión, o de la prensa…”. La norma ha sobrevivido al ataque de figuras públicas, siendo la más memorable la denuncia por calumnia que interpuso en 1909 el presidente Theodore Roosevelt contra Joseph Pulitzer, cuando este denunció en su periódico World, que allegados a Roosevelt se repartieron los $40 millones pagados a la empresa francesa por los derechos de construcción del Canal de Panamá.
La demanda abrió una lucha de la prensa norteamericana por la libertad de expresión. El 25 de enero de 1910 el juez Hough, de Nueva York, rechazó la acusación contra el World y declaró que ella se oponía al espíritu norteamericano. Pero Pulitzer deseaba que su caso sentara jurisprudencia, y apeló ante la Corte Suprema, que falló a su favor el 3 de enero de 1911. Ante tan contundente triunfo, World pronosticaría en un editorial que “ningún otro presidente estará tentado a seguir los pasos de Theodore Roosevelt, no importa cuán codicioso esté de poder…”.
Pero se equivocaba. Tanto en Estados Unidos (EU) como en los demás países del mundo, la libertad de expresión ha estado sometida a constantes amenazas, especialmente por líderes políticos codiciosos de poder o de dinero fácil. En algunos países, los periodistas enfrentan amenazas de muerte, asesinatos, secuestros, desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, torturas, persecución e intimidación.
En Panamá, en donde el periodismo disfruta de alto nivel de credibilidad, las amenazas más comunes son la intimidación pública, amenazas de muerte o de demandas judiciales. Esta última modalidad adquirió impulso cuando en junio de 2008, un juez del ramo civil incurrió en la aberración de prohibir información pública que mencionase a un asesor del entonces presidente Martín Torrijos, quien al amparo de su cargo quiso apoderarse de una empresa de practicaje.
Lamentablemente los afectados no apelaron, tal vez por el temor de que la Corte Suprema de Justicia endosase la aberración jurídica.
Posteriormente, y basándose en el absurdo precedente, un directivo de una entidad estatal logró un fallo favorable al demandar a un medio y al periodista autor de una noticia que cuestionaba el conflicto de interés que tenía como empresario y directivo. Con base en el fallo logró evitar que a futuro el medio se atreviese a cuestionar su pobre desempeño como directivo.
Hace poco, una empresa periodística me solicitó ser perito en una demanda por calumnia e injuria, con resarcimiento económico, que interpuso un funcionario involucrado en frecuentes escándalos. Este caso no llegó al nivel de audiencia, pues el funcionario desistió de su pretensión. En reuniones previas con el abogado del medio mencioné el viejo caso de Roosevelt contra Pulitzer, sugiriendo que tratáramos de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para establecer jurisprudencia. Comprendo que no me hicieran caso por lo riesgoso de esa aventura en un país en donde no pocos jueces venden sus fallos.
Motiva este artículo la proliferación de amenazas contra periodistas y medios que denuncian prácticas cuestionables, y hasta posiblemente corruptas, de funcionarios. En países más avanzados, a un funcionario (pagado con fondos públicos) le está vedado por Constitución y/o ley demandar por noticias en su contra. En fallo dictado en 1943 en el caso Estados Unidos contra la Prensa Asociada, el magistrado Arthur Goldberg escribiría, “…la teoría de la Constitución es que todo ciudadano puede decir lo que piensa y todo periódico divulgar sus puntos de vista o noticias de interés público, y no puede prohibírseles expresarlas o publicarlas porque aquellos en control del gobierno piensen que lo dicho o escrito es absurdo, injusto, falso o malicioso”.
Frente a la creciente tendencia a intimidar a medios y periodistas por la vía judicial (el expresidente Martinelli lo hizo hace poco), tanto en Estados Unidos como en América Latina y otras regiones han surgido organizaciones especializadas que brindan asesoría para cerrarle las puertas del todo a aquellos personajes que, al ingresar a la vida pública, pretenden acallar a los medios. En Estados Unidos los gremios periodísticos han logrado impulsar las llamadas leyes anti-Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation) para asegurar la libre participación popular en el ejercicio de la libertad de expresión.
Y tanto en la Organización de Naciones Unidas como en organismos regionales (incluida la OEA) funcionan con éxito entidades especializadas en la defensa de la libertad de expresión. Nuestros gremios de medios y periodistas deben activarse para impulsar leyes que afiancen la libertad de expresión y cierren las puertas a quienes pretenden ingresar a la vida pública sin someterse a la supervisión y escrutinio de los medios.
El autor es periodista
