¿Son las adendas a los contratos de obras públicas algo tan injustificable como pareciera ser últimamente? Con casos de corrupción tan grandes como los de Odebrecht, las adendas son examinadas con microscopio y a la vez muy criticadas por gran parte de la población, que las ven como un método para la corrupción.
Esto se debe a que algunas veces, dichas adendas no tienen justificación o se llevan a cabo sin la transparencia necesaria.
Pero no debemos olvidar que las obras públicas son por lo general de gran magnitud, en que a lo largo de su construcción pueden suceder infinidad de cosas e imprevistos que obligan a la modificación o incluso al retraso del proyecto.
Dichos cambios generan un costo adicional sobre el monto original del contrato y que debe ser asumido por alguna de las partes involucradas, bien sea el Estado o bien la empresa a la cual se le adjudicó dicho contrato.
Si bien cuando existen retrasos por incompetencia o incapacidad de la empresa que está ejecutando el proyecto, no se debería realizar ningún tipo de adenda, ya que no se debe premiar la ineficiencia de la empresa.
Existen también casos que se justifican desde un punto de vista de costos, como por ejemplo el aumento del costo de un material básico como el acero, o justificaciones de tiempo como las construcciones que se vieron afectadas recientemente por la huelga Capac-Suntracs que paralizó al sector por poco más de un mes. Adicionalmente, hay justificaciones desde el punto de vista de modificación del proyecto, como la que se aplicó en la obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera Interamericana entre David en Chiriquí y Santiago de Veraguas, que a raíz de la implementación de nuevas medidas de seguridad para la vía el contrato se tuvo que modificar, sumándole un 10% del costo original.
Las adendas en las obras públicas se pueden aplicar siempre y cuando mantengan una justificación válida, donde el incremento en el costo del proyecto pueda ser verificable y sobre todo debe hacerse de la manera más transparente, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Evitando así que sean utilizadas como un método para la corrupción o pago de sobrecostos innecesarios.
El autor es ciudadano
