En virtud de publicaciones aparecidas en un diario de circulación local, CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS, sociedad civil panameña, debidamente inscrita al folio electrónico 36863 (M), de la Sección de Personas Jurídicas del Registro Público de Panamá, nos vemos en la necesidad de formular la siguiente aclaración pública en ejercicio de nuestro derecho a réplica:
- Desde el martes 24 de septiembre hasta el lunes 30 de septiembre, el diario LA PRENSA ha divulgado una serie de publicaciones en primera plana, así como aproximadamente 40 publicaciones digitales, tendientes a lacerar el buen nombre de CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS y de sus integrantes, insinuando nuestra participación en actos de corrupción que el medio impreso no osa precisar; sembrando únicamente morbo entre los ciudadanos a través de la difamación.
- Los ataques se fundamentan en que la Licenciada ODILA HELGA CASTILLO BONILLA ha logrado una fortuna indebida, en el ejercicio legal de su profesión, desde su salida como funcionaria de la Contraloría General de la República, en febrero de 2021, por lo que, conforme al diario, los lectores deben presumir que ella está involucrada en actos de corrupción; porque no es posible lograr el éxito por haber sido servidora pública.
- CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS es una sociedad colectiva integrada por abogados y asistida por un importante número de profesionales. Ejerce la abogacía de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 350 de 2022 y cobra sus honorarios conforme a la tarifa legal vigente en la República de Panamá;
- La firma y sus integrantes tributan al Fisco, conforme a los ingresos que reciben de sus clientes. Sus resultados son examinados y confirmados por auditores internos y externos. La firma y sus socias han declarado y pagado importantes sumas de dinero en impuesto de rentas e ITBMS en cada periodo fiscal desde su activación; sin duda, estamos entre los que más impuestos tributamos al país.
- Los clientes de la firma CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS cumplen con la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con fundamento en lo estipulado en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y demás disposiciones legales en materia de prevención. Este último es un requisito fundamental y obligatorio para la aceptación de estos clientes en la firma forense.
- Los honorarios profesionales de la firma forense CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS, provienen exclusivamente de empresas privadas y son el producto de un trabajo arduo en contratación pública, este hecho está sustentado en cada uno de los expedientes en los que se refleja meses e incluso años de intensa labor jurídica. Las relaciones comerciales son normales en cualquier sociedad, sin que ello permita presumir ningún acto ilícito o irregular por el éxito alcanzado.
- Las relaciones con la banca local iniciaron únicamente después de haber cumplido con la debida diligencia y todos los requisitos reglamentarios por norma, comprobándose la legitimidad de nuestras operaciones las cuales están apegadas en todo momento a las normas legales y requisitos bancarios pertinentes.
- Las referencias en las publicaciones del diario LA PRENSA en cuanto a la información tributaria de CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS representan una directa transgresión a principios fiscales que garantizan al contribuyente reserva de sus resultados; lo cual es indignante para cualquier empresa o profesional y constituyen una flagrante violación a sus derechos.
- La firma forense CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS apoya la libertad de expresión y la labor periodística que realizan los diferentes medios de comunicación, siempre y cuando esta sea investigativa con sustentos verídicos, sin perjudicar el buen nombre, la vida, la seguridad, la privacidad y la economía de múltiples familias que solo actúan en derecho y con altos valores éticos. No es permisible que un medio de comunicación realice estas acciones para producir ataques a ciudadanos en beneficio de oscuros intereses. El respeto a la honra, así como a la vida y los bienes es un derecho constitucionalmente garantizado, cuyo respeto no puede quedar a discreción de los dueños de los medios de comunicación o periodistas.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues nuestra propia Constitución Nacional establece parámetros en cuanto al respeto de la dignidad de los ciudadanos. CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS, como empresa jurídica existe y ha crecido profesionalmente gracias a los principios y valores que nos caracterizan, mediante el trabajo arduo consuetudinario. Confiamos en que estas malas prácticas periodísticas, en contra de personas inocentes, no sigan ocurriendo, pues afectan a todo un país y a la seguridad jurídica de la Nación.
CASTILLO, GUARDIA & ASOCIADOS ABOGADOS
Costa, del Este, Financial Park, piso 31, oficina 31ª.
310-8341 / 310-8342
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