En la historia del concepto de acoso sexual hay un lugar que resulta difícil pasar por alto: la Universidad de Cornell.
Fue allí, a mediados de la década de 1970, donde un grupo de mujeres comenzó a buscar una palabra que permitiera describir experiencias que hasta entonces aparecían dispersas: insinuaciones sexuales, tocamientos, presiones y comportamientos no deseados en el lugar de trabajo.
Una de esas mujeres era Carmita Dickerson (Wood apellido de casada), una trabajadora administrativa del departamento de Física de Cornell.
Según el relato recogido por la escritora Susan Brownmiller en In Our Time (1999), Dickerson había sufrido comportamientos sexuales no deseados por parte del físico Boyce McDaniel. Cuando intentó trasladarse a otro departamento y su solicitud no prosperó, terminó renunciando.
El problema continuó incluso después de abandonar el empleo en Cornell. Cuando Dickerson intentó solicitar beneficios de desempleo, tuvo dificultades para explicar por qué había dejado un puesto que, en apariencia, había abandonado voluntariamente.
En ese contexto apareció Lin Farley, quien impartía en la universidad un curso sobre mujeres y trabajo. Las discusiones de ese seminario permitieron que otras mujeres comenzaran a contar experiencias similares. Había un patrón común, pero faltaba una expresión que pudiera reunirlo.
Según el relato de Brownmiller, un grupo de ocho mujeres, entre las que se encontraba Dickerson, que preparaba un acto público para denunciar estas situaciones discutió distintas posibilidades: intimidación sexual, coerción sexual y explotación sexual en el trabajo. Ninguna parecía suficientemente amplia.
Entonces surgió la palabra harassment. La respuesta fue: “sexual harassment”, traducido al español como acoso sexual.
La expresión así comenzó a adquirir un significado público y colectivo. El archivo de Cornell conserva documentos del Human Affairs Program que muestran parte de ese proceso y la posterior creación del Working Women United, una organización surgida en 1975 a partir de la preocupación por el acoso sexual en el trabajo.
Cornell no fue necesariamente el único lugar donde se hablaba de conductas que hoy se identifican como parte de un delito sexual. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por ejemplo, Mary P. Rowe ya trabajaba desde 1973 como mediadora de conflictos relacionados con mujeres y había documentado formas de sexismo, acoso y explotación.
La diferencia era que todavía no existía un movimiento público alrededor de una expresión que permitiera identificar esas experiencias como parte de un problema.
El episodio de Cornell ayudó a cambiar eso. El 4 de mayo de 1975, un acto público organizado por Farley, Susan Meyer y Karen Sevigne, vinculadas al movimiento, llegó a reunir a cientos de participantes que hicieron que el tema llegara a otros espacios.
Casi 50 años después, Cornell vuelve a aparecer en una historia relacionada con la violencia sexual, aunque en circunstancias completamente distintas.
En octubre de 2024, una estudiante de la universidad, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, denunció haber sido víctima de una agresión sexual en la casa de la fraternidad Chi Phi.
Las acusaciones no han sido establecidas penalmente y los señalados han negado las imputaciones.
Según distintos medios de comunicación, la estudiante reportó el incidente a la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024. La universidad posteriormente abrió una investigación bajo el Título IX y aplicó sanciones a los estudiantes señalados. Cornell ha rechazado que la única consecuencia ofrecida a los involucrados haya sido escribir ensayos y confirmó que hubo expulsiones y suspensiones. El capítulo de Chi Phi permanece cerrado.
El caso volvió a adquirir notoriedad recientemente, cuando se presentó una demanda civil contra Cornell, Chi Phi, siete estudiantes y otras organizaciones y personas, sostuviendo que fue drogada y agredida sexualmente por siete estudiantes.
A partir de entonces, el cuestionamiento dejó de estar centrado exclusivamente en lo ocurrido aquella noche y pasó a incluir la respuesta de la propia universidad.
Uno de los puntos bajo escrutinio es la información que recibió la Fiscalía del condado de Tompkins después de la denuncia. Cornell modificó en octubre una respuesta publicada en su sitio web sobre la información que su policía había compartido con el fiscal.
Inicialmente había indicado que se había entregado “toda la información investigativa”; posteriormente retiró esa afirmación y precisó que se habían compartido la declaración jurada de la denunciante y una captura de pantalla de Snapchat.
También se conoció que, horas antes de la fiesta en la que presuntamente ocurrió la agresión, la Policía de Cornell había realizado un arresto relacionado con drogas en la misma casa de Chi Phi.
La controversia llevó al fiscal del condado de Tompkins a reabrir la investigación criminal. Posteriormente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para investigar la presunta agresión ocurrida en Cornell.
Al mismo tiempo, el presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, también se dirigió a la comunidad universitaria y reconoció la necesidad de revisar la respuesta de la institución y aceptó una revisión independiente de su actuación.
Según reportó EFE, cientos de estudiantes del centro educativo, marcharon el lunes 5 de octubre por el campus para exigir justicia para Jane Doe.
“Sin justicia no hay paz”, “Queremos justicia ahora”, “Apoyamos a Jane Doe”, “Nos solidarizamos con los sobrevivientes” o “Vergüenza”, gritaban a medida que recorrían el prestigioso centro universitario.
